La decisión del presidente Daniel Noboa de volver a reconocer la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador reactivó una pregunta que se repite en redes sociales y buscadores: ¿hay toque de queda en el país?
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El mandatario firmó el Decreto Ejecutivo 424 el 18 de junio de 2026, dejando sin efecto decretos anteriores y estableciendo un nuevo marco legal para enfrentar las amenazas del crimen organizado.
La normativa incorpora cambios importantes, como la cooperación internacional, la participación de Estados cooperantes, posibles indultos y amnistías, e incluso inmunidad para personal extranjero que participe en operaciones relacionadas con la seguridad.
Sin embargo, el decreto no contempla restricciones horarias para la circulación de personas.
¿El Decreto 424 establece un toque de queda?
No.
El nuevo decreto que reconoce la existencia del conflicto armado interno no impone un toque de queda ni restringe la libre movilidad de la ciudadanía.
Su objetivo principal es fortalecer las acciones del Estado para enfrentar estructuras criminales que, según el Gobierno, representan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social y la protección de la población.
La norma se concentra en la coordinación de acciones entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los llamados Estados cooperantes, así como en mecanismos jurídicos relacionados con el conflicto armado interno.
En ninguna de sus disposiciones se establece una prohibición para circular durante determinadas horas.
Entonces, ¿por qué existe confusión?
La respuesta está en los estados de excepción decretados por el Gobierno durante los últimos años.
Desde que Daniel Noboa declaró por primera vez el conflicto armado interno en enero de 2024, el Ejecutivo también ha recurrido a estados de excepción para enfrentar la crisis de seguridad.
En varias de esas ocasiones se aplicaron medidas extraordinarias que sí incluyeron restricciones de movilidad y toques de queda en determinadas zonas del país.
Por ello, muchas personas suelen asociar automáticamente ambos mecanismos, aunque jurídicamente son diferentes.
Ecuador sí tiene un nuevo estado de excepción vigente
La confusión aumenta porque apenas dos días antes de la firma del Decreto 424, el Gobierno emitió una nueva declaratoria de estado de excepción.
El 16 de junio de 2026, Daniel Noboa decretó un estado de excepción por grave conmoción interna con una vigencia de 60 días.
La medida se aplica en las provincias de:
- Pichincha
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
- Azuay
Además de los municipios de:
- La Maná (Cotopaxi)
- Las Naves (Bolívar)
- La Troncal (Cañar)
Según el decreto, la finalidad es permitir que las fuerzas de seguridad intervengan para mantener el orden público, proteger a la población y combatir actividades relacionadas con el crimen organizado.
¿Qué medidas contempla el estado de excepción?
La declaratoria permite al Estado adoptar acciones extraordinarias para enfrentar amenazas a la seguridad ciudadana.
Entre las disposiciones incluidas se encuentra la suspensión de la inviolabilidad del domicilio.
Esto permite que las fuerzas de seguridad puedan ingresar a viviendas cuando existan sospechas de actividades ilícitas, bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Sin embargo, el decreto del estado de excepción no establece un toque de queda general para la población.
Por lo tanto, actualmente no existe una prohibición nacional para circular durante determinadas horas derivada de esta medida.
Conflicto armado interno y estado de excepción: ¿cuál es la diferencia?
Aunque suelen mencionarse juntos, ambos instrumentos tienen finalidades distintas.
Conflicto armado interno
Es una figura mediante la cual el Estado reconoce la existencia de amenazas extraordinarias asociadas a estructuras criminales o grupos armados organizados.
Su objetivo es habilitar acciones de seguridad para neutralizar esas amenazas.
Estado de excepción
Es una herramienta constitucional que permite adoptar medidas extraordinarias ante situaciones graves que afecten el orden público o la seguridad nacional.
Dependiendo de las circunstancias, puede incluir restricciones temporales a ciertos derechos, como la movilidad.
Por esta razón, la declaración de un conflicto armado interno no implica automáticamente la aplicación de un toque de queda.
¿Qué cambia con el nuevo Decreto 424?
Aunque no restringe la circulación de los ciudadanos, el nuevo decreto introduce varios cambios relevantes.
Cooperación internacional
Ecuador podrá recibir apoyo de países aliados para fortalecer las acciones destinadas a combatir las amenazas vinculadas al conflicto armado interno.
Participación de Estados cooperantes
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes podrán coordinar acciones conjuntas para enfrentar estructuras criminales.
Indultos y amnistías
La norma contempla la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutación de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones de defensa del Estado.
Además, exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías en determinados casos.
Inmunidad para personal extranjero
Los integrantes de Estados cooperantes que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno podrán gozar de inmunidad conforme a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.
¿Hay toque de queda actualmente en Ecuador?
Hasta el momento, la respuesta es no.
Ni el Decreto 424 que reconoce el conflicto armado interno ni el estado de excepción emitido el 16 de junio establecen una restricción general de movilidad para los ciudadanos.
Por ello, los ecuatorianos pueden continuar realizando sus actividades con normalidad, salvo que futuras disposiciones oficiales determinen medidas específicas para determinadas zonas o circunstancias.
La principal novedad del nuevo conflicto armado interno no es la imposición de un toque de queda, sino el fortalecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno mediante cooperación internacional, coordinación con países aliados y nuevas herramientas legales para enfrentar al crimen organizado.