El presidente Daniel Noboa dio un nuevo paso en su estrategia contra el crimen organizado al firmar el Decreto Ejecutivo 424, una normativa que mantiene vigente el reconocimiento del conflicto armado interno y fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad.
La disposición permite que personal extranjero de países aliados participe en acciones relacionadas con la lucha contra las organizaciones criminales que operan en Ecuador.
Pero uno de los puntos que más atención ha despertado es otro: el decreto establece que estos funcionarios extranjeros podrán gozar de inmunidad mientras participen en operaciones desarrolladas dentro del marco del conflicto armado interno.
La medida ha generado preguntas sobre quiénes serán beneficiarios de esta protección y cuáles serán sus alcances.
¿Quiénes tendrán inmunidad en Ecuador?
La respuesta se encuentra en una de las disposiciones generales del Decreto 424.
El texto establece que el beneficio se aplicará al personal extranjero perteneciente a los llamados Estados cooperantes que participe en acciones ejecutadas dentro del conflicto armado interno.
En otras palabras, la inmunidad no está dirigida a ciudadanos ecuatorianos ni a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del país.
La protección alcanza únicamente a funcionarios o efectivos extranjeros que lleguen a Ecuador como parte de acuerdos de cooperación internacional suscritos por el Estado.
¿Qué significa la inmunidad contemplada en el decreto?
El documento no crea una inmunidad absoluta ni ilimitada.
La disposición señala que esta protección deberá aplicarse de conformidad con los instrumentos y acuerdos internacionales vigentes firmados por Ecuador.
Esto significa que el alcance de la inmunidad dependerá de los tratados específicos que regulen la participación de cada país aliado.
Generalmente, este tipo de acuerdos establece reglas especiales para el personal militar o de seguridad extranjero que opera temporalmente en otro territorio, definiendo derechos, obligaciones y mecanismos de responsabilidad.
¿Qué son los Estados cooperantes?
El Decreto 424 incorpora formalmente la figura de los Estados cooperantes, un concepto que adquiere protagonismo dentro de la nueva estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno.
La norma dispone que Ecuador recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones destinadas a neutralizar las amenazas vinculadas al conflicto armado interno.
Asimismo, establece que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes coordinen acciones para enfrentar estructuras criminales que, según el Gobierno, representan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado y la paz social.
Sin embargo, el decreto no identifica qué países participarán ni detalla el número de efectivos que podrían intervenir.
El antecedente de la reunión en el Pentágono
El anuncio se produce después de varios meses de acercamientos diplomáticos y de seguridad con países aliados.
Al presentar la medida, Daniel Noboa afirmó que el nuevo esquema de cooperación es resultado de un trabajo sostenido que incluyó reuniones recientes con autoridades estadounidenses.
Entre ellas destacó el encuentro mantenido en el Pentágono con Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.
Para el mandatario, este respaldo permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las organizaciones criminales.
“A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, señaló Noboa.
“Ecuador ya no pelea solo”
Minutos después de la emisión del decreto, el presidente apareció junto a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, acompañado por cientos de militares.
Durante su mensaje, aseguró que la nueva medida permitirá enfrentar con mayores recursos a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y otras actividades ilícitas.
“Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”, afirmó.
La declaración refleja el enfoque adoptado por el Gobierno para combatir una crisis de seguridad que ha colocado al país entre los más afectados por la violencia criminal en la región.
Cooperación internacional para enfrentar el conflicto armado interno
El artículo 2 del Decreto 424 establece que Ecuador recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones destinadas a neutralizar las amenazas que generan, sostienen y agravan el conflicto armado interno.
La norma señala que esta colaboración podrá implementarse mediante mecanismos, actividades y acciones que resulten adecuadas para cumplir los objetivos definidos por el Ejecutivo.
Se trata de una diferencia importante respecto a decretos anteriores, donde la cooperación internacional no tenía un papel tan explícito dentro del marco legal del conflicto armado interno.
El nuevo decreto reemplaza normas anteriores
Con la entrada en vigor del Decreto 424, el Gobierno derogó tres instrumentos que habían servido de base para la estrategia de seguridad desde 2024.
Se trata de:
- Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024.
- Decreto Ejecutivo 218 del 7 de abril de 2024.
- Decreto Ejecutivo 55 del 16 de julio de 2025.
Todos reconocían la existencia o persistencia de un conflicto armado interno relacionado con grupos armados organizados y estructuras criminales.
¿Qué implica esta nueva etapa?
La incorporación de personal extranjero con inmunidad representa uno de los cambios más significativos dentro del nuevo marco jurídico impulsado por el Gobierno.
Aunque la participación de países aliados todavía no ha sido detallada públicamente, el decreto abre la puerta a una cooperación más amplia en materia de seguridad y defensa.
El alcance de esa colaboración, así como las condiciones específicas bajo las cuales operará el personal extranjero en territorio ecuatoriano, serán algunos de los aspectos que marcarán el debate en los próximos meses.
Por ahora, el Ejecutivo sostiene que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones criminales que considera una amenaza directa para la seguridad nacional.