La decisión del presidente Daniel Noboa de ratificar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador vino acompañada de una disposición que ha generado interrogantes en los ámbitos político y jurídico.
El Decreto Ejecutivo 424, firmado el 18 de junio de 2026, establece que el Presidente podrá conceder indultos, rebajas o conmutación de penas a militares, policías y también a civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.
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La medida representa una novedad dentro de la estrategia gubernamental de seguridad y amplía el alcance de beneficios que anteriormente no estaban contemplados para personal no uniformado.
¿Quiénes podrán acceder a los indultos?
La disposición incorporada en el decreto señala que los beneficios podrán aplicarse a tres grupos:
- Personal militar.
- Miembros de la Policía Nacional.
- Civiles que participen en acciones relacionadas con la defensa del Estado dentro del marco del conflicto armado interno.
Sin embargo, el documento no detalla qué tipo de actividades podrían realizar los civiles ni cuáles serían los criterios específicos para determinar su participación.
Esta falta de definición ha generado preguntas sobre el alcance real de la medida y sobre los mecanismos que podrían utilizarse para su aplicación.
¿Qué es un indulto y qué efectos tiene?
El indulto es una facultad reconocida al Presidente de la República por la Constitución ecuatoriana.
A través de esta figura, el Ejecutivo puede perdonar total o parcialmente una pena impuesta mediante sentencia judicial.
No obstante, es importante aclarar que el indulto no elimina la condena ni borra la responsabilidad penal de una persona.
Lo que cambia es la sanción que debe cumplir el condenado.
Por ejemplo, una pena puede ser reducida, sustituida o incluso dejar de ejecutarse, dependiendo de la decisión adoptada por el Ejecutivo.
La atribución presidencial para conceder indultos está contemplada en el numeral 18 del artículo 147 de la Constitución.
¿Qué diferencia existe entre indulto y amnistía?
Aunque ambos conceptos suelen confundirse, tienen efectos jurídicos distintos.
Indulto
- Es concedido por el Presidente de la República.
- Requiere la existencia de una condena.
- Modifica o extingue la pena.
- No elimina la responsabilidad penal.
Amnistía
- Es otorgada por la Asamblea Nacional.
- Puede extinguir la acción penal.
- Impide o detiene procesos relacionados con determinados hechos.
- Tiene un alcance más amplio que el indulto.
Por esta razón, la amnistía suele considerarse una medida de mayor impacto jurídico.
El Gobierno también pide amnistías
Además de los indultos, el Decreto 424 incluye una exhortación dirigida a la Asamblea Nacional.
El Ejecutivo solicita al Legislativo que utilice sus facultades constitucionales para conceder amnistías a favor de militares, policías y civiles que hayan actuado en defensa del Estado durante el conflicto armado interno.
La Constitución establece que este tipo de decisiones requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea.
Los límites que impone la Constitución
Aunque la posibilidad de conceder amnistías existe, la propia Constitución ecuatoriana establece restricciones.
Estas medidas no pueden aplicarse en casos relacionados con:
- Genocidio.
- Tortura.
- Desaparición forzada.
- Secuestro.
- Delitos contra la administración pública.
- Homicidios motivados por razones políticas o de conciencia.
Por ello, cualquier eventual beneficio deberá ajustarse a los límites establecidos por la legislación nacional.
La preocupación de organismos internacionales
El uso de indultos y amnistías en contextos de conflicto armado ha sido objeto de análisis por parte de organismos internacionales de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que los indultos pueden ser herramientas legítimas dentro de los sistemas jurídicos cuando se aplican conforme a la ley.
Sin embargo, expertos del organismo han advertido que estos mecanismos no deben convertirse en instrumentos de impunidad para personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes internacionales.
La preocupación radica en que beneficios excesivamente amplios podrían afectar el acceso a la justicia y desalentar la denuncia de hechos graves.
Un contexto marcado por la crisis de seguridad
La disposición llega en un momento en que Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia asociados al crimen organizado.
El Gobierno sostiene que las organizaciones criminales representan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado y la paz social, razones por las que decidió mantener vigente el reconocimiento del conflicto armado interno.
Durante la administración de Daniel Noboa se han decretado varios estados de excepción para enfrentar la inseguridad.
El más reciente fue emitido por un período de 60 días en varias provincias y municipios considerados estratégicos desde el punto de vista de la seguridad.
¿Qué podría ocurrir ahora?
Aunque el Decreto 424 ya entró en vigencia, todavía existen interrogantes sobre la aplicación práctica de estas disposiciones.
Uno de los principales debates gira en torno a la participación de civiles y a los criterios que permitirían acceder a indultos o eventuales amnistías.
Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan fortalecer la defensa del Estado frente a las amenazas del crimen organizado, sectores jurídicos y organismos de derechos humanos observan con atención cómo se desarrollará este nuevo marco legal.
La discusión apenas comienza y promete convertirse en uno de los temas más relevantes dentro del debate nacional sobre seguridad, justicia y derechos humanos en Ecuador.