Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, confirmó este jueves 24 de julio que 5 000 funcionarios públicos serán desvinculados en las próximas semanas.
La decisión se enmarca en una política de reestructuración orientada a mejorar la eficiencia del aparato estatal, respaldada por una reciente normativa del Ministerio de Trabajo que permite la supresión de cargos, incluso con nombramiento permanente.
Los recortes se aplicarán en áreas administrativas del Ejecutivo, el IESS y personal administrativo.
Según Jaramillo, no se afectará a personal clave como médicos, enfermeros, docentes, policías, militares ni a miembros de grupos vulnerables.
Indemnizaciones y nuevas vacantes para jóvenes
La vocera aseguró que los funcionarios despedidos recibirán las indemnizaciones correspondientes por ley.
“No se puede tolerar que haya malos funcionarios públicos”, enfatizó, justificando la medida con el argumento de que ciertos empleados estaban afectando el buen funcionamiento institucional.
Jaramillo también indicó que el Gobierno abrirá nuevas vacantes para jóvenes, aunque en una proporción menor: “No serán las 5 000, porque entonces no habría eficiencia”, aclaró.
Reformas bajo la Ley de Integridad Pública
Estas medidas surgen tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública, que modificó 19 cuerpos normativos y da pie a esta transformación estructural del sector público.
Sin embargo, la ley enfrenta demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cuyo fallo aún no tiene fecha definida.
Ministerios y Secretarías se fusionan:
Paralelamente, el Gobierno avanza en su plan de reestructuración institucional, que incluye la fusión de seis ministerios y una reducción del número de secretarías de nueve a tres, lo que implicará más recortes de personal, aunque aún no hay una cifra oficial.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca mostrar un modelo de administración pública más ágil, pero enfrenta resistencia sindical, demandas judiciales y presión social que podrían escalar en las próximas semanas.
