La Fiscalía General del Estado reveló cómo operaba la red delictiva dedicada a la extorsión que fue desmantelada en el norte de Quito. La organización, que funcionaba bajo la fachada de un call center en el tercer piso de un edificio en el sector La Carolina, tenía una estructura jerárquica definida que facilitaba su operación durante al menos un año.
Los líderes principales fueron identificados como Xu J. y Gu X., ciudadanos de nacionalidad china, quienes, según las primeras investigaciones, estaban al mando de la operación. Ambos residían en un departamento que también fue allanado durante el operativo del 25 de junio de 2025.
Luis Geovanny C. R. ocupaba el cargo de director de talento humano. Desde esa función, coordinaba el reclutamiento de operadores, la entrega de chips telefónicos y la gestión de pagos. Los salarios eran de aproximadamente USD 500 mensuales, pero incluían bonificaciones si el operador superaba los USD 1.200 en ingresos extorsivos.
Bajo su coordinación operaban cinco “líderes de segmento”, quienes tenían tareas específicas: distribuir usuarios, entregar contraseñas para la plataforma utilizada en las llamadas, y manejar las bases de datos con nombres y teléfonos de las víctimas. Los líderes identificados son: Edwin Bryan P. A., Roberto Andrés G. M., Nicole Tatiana D. L., Sandra Teresa J. M., Carlos Rodney Q. M. y Nayeli Elizabeth C. M.
Cada uno de estos líderes se encargaba de un grupo de operadores que trabajaban desde módulos equipados con computadoras. Desde allí, ejecutaban llamadas y enviaban mensajes diseñados para intimidar a las víctimas. Parte del modus operandi consistía en manipular fotografías para crear montajes sexuales, además de enviar videos violentos como método de presión.
La Fiscalía señaló que esta red funcionaba como una “industria digital del crimen”, altamente organizada y con roles definidos en todos los niveles. También se detectó que ofrecían créditos sin respaldo legal, que luego servían como otra vía para ejercer presión extorsiva.
La audiencia de formulación de cargos se realizó el 26 de junio. De los 40 detenidos, 39 recibieron prisión preventiva, mientras que una mujer recibió medidas sustitutivas por su estado de gestación. Todos enfrentan cargos por delincuencia organizada, delito tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
