Días previos a que el juez Javier Moscoso concediera el habeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas existía un pedido por parte del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. En el documento, enviado por Gisela Herdoiza Morán, se solicitaba medidas cautelares por presuntos actos de indisciplina y de corrupción en la Unidad Judicial.
Herdoiza instaba al Pleno que se sesionará para conocer y resolver si la suspensión era aplicable. El expediente como tal tenía 33 hojas de las presuntas evidencias; el acto no se llegó a dar y con ello Moscoso pudo emitir su dictamen a favor de Glas.
¿Por qué se retiró el pedido?
Según el titular del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, la solicitud fue retirada por la falta de sustento. En ella no se especificaba de qué infracción se trataba.
Moscoso ya estuvo relacionado con Jorge Glas, él le autorizó al exfuncionario que asistirá a las audiencias del caso Odebretch con saco y corbata, en lugar del uniforme naranja propio de un reo.
El exvicepresidente, que guardaba prisión desde finales de 2017, fue condenado en tres casos de corrupción, uno de ellos por asociación ilícita relacionado con la trama de sobornos de la compañía brasileña, otro por recibir dinero ilegal para su movimiento político y un tercero por cohecho en un juicio relacionado con contratos petroleros, que está en apelación.
Glas deberá seguir con las causas pendientes con la Justicia y tiene impedimento para abandonar el país, como una de las medidas sustitutivas a la prisión. El Gobierno de Ecuador rechazó el otorgamiento del “habeas corpus” al exvicepresidente y anunció que apelará.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, solicitó al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, que agote “todos los mecanismos de impugnación de la sentencia”.
Asimismo, Jiménez, en un escrito, advirtió que serán necesarias las coordinaciones con la Procuraduría (Defensa del Estado) y la Fiscalía para que las acciones contribuyan al “buen desarrollo de los procesos penales propuestos en contra de dicho ciudadano”.
