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La crisis penitenciaria que atraviesa Ecuador ha cobrado 118 vidas y 79 heridos (según el balance de las autoridades), tras la reyerta que se suscitó esta semana en la Penitenciaría del Litoral. Más grave aún, el drama, la desesperación y la impotencia de los familiares de los privados de la libertado por no tener información confirmada de sus allegados. Una situación que para los organismos de derechos humanos arrastra consigo un cúmulo de negligencias del pasado.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), aseguró que un oficial de la Penitenciaría -a cargo del ingreso- le habría dicho ellos no controlan el número, ni la identidad de quienes habitan los pabellones. Algo que calificó de “gravísimo” porque la falta de esa información no permite garantizar el proceso de rehabilitación.
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“Eso justifica el hecho que elGobierno no tiene información porque nunca la ha tenido, porque nunca han estado controlando los pabellones. Esto no es un caos de ahora; es un caos que al menos en el último periodo, se deriva desde 2019 donde han ocurrido una serie de amotinamientos que llevó a este caos que actualmente se vive en la Penitenciaría. No es algo que cayó del cielo; es un acumulado de negligencias” , declaró a la prensa el activista por los derechos humanos, desde la Penitenciaría.
Añadió que dicho organismo ha estado en el punto recabando información desde diferentes vías, tanto con familiares como con funcionarios encargados de la situación carcelaria. La idea es llevarla a entes internacionales como las Naciones Unidas. Para Navarrete, la concusión de esta indagación es la siguiente:
“El caos se extiende y llega a expresiones y ofrecimientos del propio Gobierno que han caído rápidamente en saco roto y agravando la situación de preocupación de las familias”, lamentó.
Agregó que los familiares de los reos han acudido a los puntos de información que han anunciado las autoridades “pero en lugar de recibirla, se les pedía a ellos”. Recalcó que las familias de los reos son “víctimas de una circunstancia que ha pasado, en la que tienen sus parientes en prisión y ahora están rogando información”.
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“No se trata de un enfrentamiento de bandas y la justificación del ajuste de cuentas como una salida para explicar esta situación. Los Gobiernos, en plural, han tenido clara negligencia de esto que ha pasado. Hay que pedir una explicación e información clara e urgente”, solicitó Navarrete.
Este último pico de la crisis carcelaria ha superado los límites y llevado al Gobierno a declarar el estado de excepción. La del martes fue la peor matanza registrada en la Penitenciaría que tuvo como precedentes otros ajustes de cuentas en febrero con unos 80 reos fallecidos, y en julio una tercera que se cobró más de veinte vidas.
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Las denuncias por no poder mantener el orden en las prisiones, controladas por bandas vinculadas al narcotráfico, se suceden porque muchas de las víctimas no estaban aparentemente vinculadas a la reyerta y habrían sido carne de cañón de las bandas.
