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El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se refirió nuevamente a los chats filtrados que fueron hallados en varios teléfonos incautados en un allanamiento sobre la presunta compra irregular de pruebas COVID-19. A su criterio, se difundieron a diferentes comunicadores «de conocida animadversión a mi persona y hacia mi actividad».
<strong>«El tema jurídico tiene que tratarse en el ámbito jurídico. No quisiera que las personas, por más animadversión que me tengan, sean fiscales o jueces que evalúen, manipulen y den cualquier tipo de opiniones. Dejemos que la justicia esclarezca; nosotros seguiremos trabajando por Quito»</strong>
También señaló que las conversaciones que se filtraron afectaron la honra de personas y sostuvo que el caso cumple con un proceso judicial y de cadena de custodia.
Hace semanas, se difundieron chats que investiga la Fiscalía General de chats hallados en el celular del hijo de Yunda. En el supuesto contenido de los mismos, Sebastián habría mantenido conversaciones con personas identificadas como funcionarios municipales sobre diversas actividades que podrían evidenciar algún acto delictivo relacionado con el cargo de su padre.
El Burgomaestre ha defendido a su hijo de haber cometido presuntos actos de corrupción. «Todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia», dijo en un comunicado la semana pasada. Recalcó que tomó «decisiones firmes, con aquellos funcionarios que desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar a mi nombre, ni contestar llamadas o mensajes».
PEDIDO DE REMOCIÓN
En la rueda de prensa ofrecida esta mañana, Yunda se refirió -entre otros temas- al pedido de remoción de su cargo por el colectivo ciudadano Quito Unido.
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<strong>«Siempre está arreglado todo tipo de actividades como la revocatoria o remoción que tienen un debido proceso del cual siempre estaremos respetuosos» </strong>.
Se supone que a finales de abril ya debería haber una resolución sobre ello, ya que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que el proceso debe tener una duración máxima de 23 días. Sin embargo, el proceso está un poco retrasado.
El vicealcalde Santiago Guarderas ha solicitado que se convoque a una reunión del Concejo Metropolitano, en la que se elija a un concejal que reemplace a Yunda en la Comisión de Mesa (Integrada por el Alcalde, el Vicealcalde y dos concejales). El Burgomaestre no puede participar en esa comisión porque el trámite de remoción es en su contra y así lo indica la Ley.
«En el evento (de remoción) de que la autoridad denunciada (en este caso,Yunda) sea parte de la Comisión de Mesa, no podrá participar en la tramitación de la denuncia, en cuyo caso se convocará a otro de los miembros del órgano legislativo a que integre la Comisión», reza el artículo 336 del Cootad.
Mientras tanto, Yunda se mantiene tranquilo y sin cambiar su agenda de la capital.
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