Las amenazas denunciadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el juez Joaquín Viteri Llanga han generado una reacción de respaldo desde distintas instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia expresaron su solidaridad con el magistrado y rechazaron cualquier intento de intimidación que busque interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional.
El caso salió a la luz luego de que el TCE informara que Viteri habría sido víctima de amenazas atribuidas presuntamente a grupos de delincuencia organizada, situación que también habría alcanzado a miembros de su entorno familiar.
Fiscalía inicia investigaciones para identificar a los responsables
Tras conocerse la denuncia, la Fiscalía General del Estado informó que dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables.
A través de un comunicado oficial difundido este 30 de mayo, la institución señaló que ninguna acción criminal quedará en la impunidad y reafirmó su compromiso de combatir a las estructuras delictivas que pretendan amedrentar o interferir en el trabajo de quienes integran el sistema de justicia ecuatoriano.
La entidad indicó que las diligencias buscan determinar el origen de las amenazas y establecer las responsabilidades correspondientes.
Corte Nacional expresa solidaridad con Joaquín Viteri y su familia
La Corte Nacional de Justicia también se pronunció sobre el caso y manifestó públicamente su respaldo al juez electoral y a sus familiares.
En su comunicado, el máximo organismo de justicia ordinaria del país sostuvo que toda forma de amenaza, intimidación o presión contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales resulta incompatible con los principios de independencia judicial y con el Estado de derecho.
Además, rechazó cualquier acto que pretenda afectar o condicionar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional y recordó la necesidad de garantizar que las autoridades judiciales puedan desempeñar sus funciones con apego a la Constitución y la ley.
Consejo de la Judicatura alerta de riesgo
Por otro lado, el Consejo de la Judicatura señaló que las amenazas provenientes de grupos delictivos representan un riesgo para la institucionalidad y el Estado de Derecho.
El CPCCS expresa su solidaridad
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) expresó su solidaridad con el juez electoral y rechaza categóricamente cualquier forma de amenaza, intimidación o presión contra autoridades en el ejercicio de sus funciones. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la independencia de las funciones del Estado.
Un caso en medio de decisiones de alta sensibilidad política
Las amenazas se producen en un contexto marcado por decisiones jurisdiccionales de alto impacto político adoptadas por Joaquín Viteri durante los últimos meses.
Uno de los casos más recientes involucra al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien fue sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por seis meses dentro de un proceso relacionado con violencia política de género. La resolución tuvo amplia repercusión nacional debido a que podría incidir en una eventual aspiración de reelección, dependiendo de las instancias posteriores dentro del Tribunal Contencioso Electoral.
A ello se suman otras actuaciones jurisdiccionales que han mantenido al magistrado en el centro del debate político. Entre ellas figura la resolución relacionada con la organización política Revolución Ciudadana dentro del denominado caso “Caja Chica”, así como una reciente decisión mediante la cual negó una solicitud presentada por Gabriela Rivadeneira para levantar la reserva de información vinculada a dicho expediente.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha establecido una relación entre estas actuaciones jurisdiccionales y las amenazas denunciadas.
Instituciones defienden la independencia judicial
Tanto la Fiscalía como la Corte Nacional y el propio Tribunal Contencioso Electoral coinciden en que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y que cualquier intento de intimidación contra jueces y operadores de justicia debe ser investigado y sancionado.
El TCE advirtió previamente que adoptará todas las acciones legales necesarias frente a quienes pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional mediante amenazas, hostigamientos o actos de presión.
Mientras avanzan las investigaciones, las instituciones del sistema judicial han cerrado filas en defensa del juez Joaquín Viteri y de las garantías necesarias para que los administradores de justicia ejerzan sus funciones sin presiones externas.