El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) denunció este viernes 29 de mayo de 2026 que el juez electoral Joaquín Viteri Llanga ha sido víctima de presuntas amenazas de muerte relacionadas con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La institución emitió un comunicado oficial en el que alertó sobre estos hechos y señaló que las intimidaciones habrían sido realizadas por grupos delictivos, situación que considera un grave atentado contra la administración de justicia electoral en Ecuador.
Según el organismo, las amenazas buscan generar presión sobre el trabajo de los jueces electorales y afectar el normal desarrollo de los procesos que se tramitan dentro del Tribunal.
Las amenazas ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
La denuncia se da horas después de que Viteri emitiera una sentencia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, a quien suspendió sus derechos políticos por seis meses dentro de un proceso por violencia política de género. Pues, la decisión podría afectar una eventual candidatura a la reelección si es ratificada por el Pleno del TCE.
El magistrado también ha estado en el centro de varios de los procesos políticos de los últimos meses. Entre ellos figura la resolución que derivó en la suspensión de la organización política Revolución Ciudadana dentro del denominado caso “Caja Chica”.
Igualmente, el 29 de mayo negó un pedido presentado por la presidenta de esa organización, Gabriela Rivadeneira, para levantar la reserva de información relacionada con dicho expediente.
TCE rechaza amenazas y actos de intimidación
En su pronunciamiento, el Tribunal Contencioso Electoral expresó su rechazo a cualquier forma de amenaza, hostigamiento o presión dirigida contra sus magistrados.
Además, cuestionó las descalificaciones difundidas en redes sociales que, a criterio del organismo, pretenden amedrentar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
“El Tribunal Contencioso Electoral rechaza de manera categórica las amenazas y descalificaciones que buscan afectar el normal desarrollo de la función jurisdiccional y comprometer la labor de sus jueces”, señaló la entidad.
Para el organismo, este tipo de acciones constituyen una forma inadmisible de intimidación contra la justicia electoral y representan un riesgo para la institucionalidad democrática.
Fiscalía investigará el origen de las amenazas
El TCE informó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.
El objetivo es identificar a los responsables y determinar el origen de las amenazas dirigidas contra el juez Joaquín Viteri.
La institución también indicó que se están coordinando acciones para garantizar la seguridad e integridad física del magistrado, así como la continuidad de sus funciones dentro del organismo electoral.
Llamado a proteger la independencia judicial
A través de su comunicado, el Tribunal hizo un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía para respaldar la independencia judicial y rechazar cualquier forma de presión o intimidación contra los operadores de justicia.
El organismo recalcó que la labor de los jueces debe desarrollarse libre de amenazas y condicionamientos externos, especialmente en asuntos relacionados con la justicia electoral.
Asimismo, advirtió que adoptará todas las acciones legales necesarias frente a quienes pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional mediante actos de hostigamiento o violencia.
El TCE ratifica su compromiso institucional
Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la defensa de la independencia judicial.
La entidad aseguró que continuará ejerciendo sus competencias constitucionales y legales con apego a la normativa vigente, garantizando la transparencia y legalidad de los procesos electorales en el país.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer el origen de las amenazas y establecer las responsabilidades correspondientes.