Desde el 3 de marzo de 2026, los créditos hipotecarios para vivienda en Ecuador tienen nuevas reglas. El presidente Daniel Noboa firmó en Guayaquil el Decreto Ejecutivo 316, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y reducir la carga mensual de pago para los hogares con menos ingresos.La medida entra en vigencia de forma inmediata tras su publicación en el Registro Oficial.
Financiamiento hipotecario se extiende a tres décadas
La reforma modifica el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, un marco que no se actualizaba desde hace varios años.La principal novedad es la extensión del plazo máximo de financiamiento de 25 a 30 años, aplicable en dos segmentos de vivienda:
- Vivienda de Interés Social (Segundo Segmento): Créditos con tasa preferencial podrán otorgarse hasta por 30 años.
- Vivienda de Interés Social (Tercer Segmento): También amplía su plazo máximo de 25 a 30 años.
Según el Ejecutivo, este cambio permitirá que las cuotas mensuales sean más accesibles, ya que el monto del préstamo se distribuye en un periodo más largo, aliviando la presión económica sobre los deudores.Esto representa un beneficio directo para las familias de ingresos limitados que buscan adquirir su primera vivienda.
Organismos reguladores deben adaptar las normas en 15 días
El decreto establece que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria deberá emitir las reformas necesarias en un plazo máximo de 15 días desde su publicación.Estas adecuaciones definirán los requisitos y condiciones operativas para que las entidades financieras puedan ofrecer créditos con los nuevos plazos de hasta 30 años.
La disposición evidencia la urgencia del Gobierno por implementar la medida y que los bancos públicos y privados actúen rápidamente para habilitar los créditos bajo las nuevas condiciones.El objetivo es acelerar el acceso al financiamiento habitacional para quienes ya están en trámite o planean iniciar el proceso en los próximos meses.
Un decreto con sustento constitucional
El Decreto Ejecutivo 316 se ampara en el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, consagrado en la Carta Magna ecuatoriana.En su texto, el documento argumenta la necesidad de modernizar el marco normativo para ofrecer condiciones de pago más justas y sostenibles.
Con esta reforma, el Gobierno de Noboa reafirma su compromiso con la política pública de acceso a vivienda, un eje social clave para los sectores más vulnerables del país.La medida entró en vigencia inmediata tras su publicación oficial y ya marca un precedente dentro de la política habitacional ecuatoriana.
Impacto social y económico
Expertos en desarrollo urbano y vivienda destacan que ampliar los plazos de crédito a 30 años no solo facilita el acceso, sino que también reactiva la economía del sector inmobiliario y de la construcción, generando empleo directo e indirecto.De esta forma, el Ejecutivo busca impulsar el crecimiento económico desde la inclusión financiera, priorizando a los ciudadanos con menores recursos.