Un grave caso de robo ha sacudido al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Carlos S., un guardia de seguridad asignado a la zona de transferencia de carga internacional, fue detenido en flagrancia por sustraer equipos electrónicos valorados en miles de dólares. Pese a la evidencia contundente, actualmente se encuentra en libertad bajo medidas cautelares, mientras la Fiscalía continúa la instrucción del caso.
Denuncias de importadores revelaron irregularidades
El caso se descubrió a inicios de julio de 2025, luego de que cuatro importadores denunciaran pérdidas en sus envíos. Las cajas llegaban incompletas o con señales de manipulación. Ante estos reportes, la empresa Tababela Cargo Center (TCC) solicitó el apoyo de la Policía Nacional, que inició una investigación con más de 300 cámaras de vigilancia.
El modus operandi: perforaciones, etiquetas y baños como escondite
Las grabaciones revelaron que Carlos S. aprovechaba su rol para manipular la mercadería antes de que llegara a las bodegas. Perforaba cajas, rompía sellos y ocultaba los robos reutilizando etiquetas y embalajes originales. Para no levantar sospechas, escondía los objetos robados en una mochila, que guardaba en los baños del aeropuerto.
Laptops, celulares y más: lo robado en su poder
En su detención el 20 de julio, la Policía recuperó:
- 6 laptops
- 1 tablet
- 38 teléfonos celulares
- 26 accesorios electrónicos
- Varias prendas de vestir
Posteriormente, en su vivienda en Puembo, Quito, se hallaron más objetos robados. Según Bernardo Sevilla, gerente de TCC, el daño económico supera varios miles de dólares.
Medidas cautelares y audiencia fiscal
Aunque el implicado fue aprehendido en flagrancia, el 21 de julio fue liberado bajo condiciones impuestas por la justicia:
- Prohibición de salida del país
- Presentación semanal ante la Fiscalía
- Prohibición de vender o transferir bienes
La audiencia se realizará el 11 de agosto, mientras se desarrolla la instrucción fiscal que durará 20 días.
Recomendaciones y llamado a la ciudadanía
El gerente de TCC calificó este caso como “excepcional” y exhortó a los importadores a denunciar cualquier anomalía con su carga. La jueza del caso subrayó que el proceso se desarrolla con apego a los principios constitucionales y el derecho al debido proceso.