La Fiscalía General del Estado procesó a ocho personas por su presunta participación en una red dedicada a la venta de municiones de dotación policial a organizaciones criminales. Entre los involucrados estarían cinco policías en servicio activo, uno en servicio pasivo y dos civiles.
En audiencia desarrollada la madrugada del jueves, la Fiscalía formuló cargos por delincuencia organizada. La jueza especializada dictó prisión preventiva para siete de los procesados y medidas alternativas para una mujer, considerando que debe cuidar a sus hijos y su pareja también fue detenida.
La investigación, iniciada el 13 de enero de 2025, reveló que el cabo Francisco P., responsable del área de almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, habría sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 mm y proyectiles 9 mm.
El material era entregado a través de nexos policiales que utilizaban a un taxista y encomiendas por transporte interprovincial para enviarlas hacia Guayas.
Durante el operativo “Depuración Azul”, ejecutado el 3 de julio por la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional, se realizaron allanamientos en Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi. Se incautaron armas, municiones, computadores y documentos vinculados al caso.
Los indicios fueron recabados con autorización judicial y incluyen seguimientos, interceptaciones y análisis telefónicos. Las investigaciones continúan bajo la línea de delincuencia organizada.
