Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente correísta de Ecuador, Jorge Glas, dijo que la condena de 13 años de prisión por peculado (malversación de fondos públicos) que le impuso este lunes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia por el caso Reconstrucción es “política”.
Según Villegas, se ha “intentado justificar” un delito “que no existe” y anticipó que apelará el fallo.
“Con esta sentencia se ha sepultado el último resquicio de dignidad que le quedaba a la justicia penal ecuatoriana. Se reconoció que el exvicepresidente Glas no administraba fondos públicos, pero luego para justificar este embuste de condena se dijo que él impulsaba la contratación de los proyectos objeto de este juicio”, dijo Villegas a periodistas a la salida de la audiencia, en Quito.
Momentos antes, el tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas, en su calidad de presidente del Comité de Reconstrucción de Manabí, y Carlos Bernal, entonces secretario técnico, utilizaron sus cargos para “abusar de dineros públicos” que debían ser utilizados “para la atención a las víctimas del terremoto” que se registró en el país en 2016.
Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio aseguró que Glas y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.
La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.
“Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización”, señaló el Ministerio Público.
Glas aseguró días atrás que él no administró “ni un solo dólar” durante el proceso de Reconstrucción, pero la jueza Caicedo dijo que, si bien el exvicepresidente correísta no suscribió contratos, pudieron evidenciar “su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad”.
En ese mismo sentido, la defensa de Bernal había asegurado que el exsecretario del Comité tampoco adjudicó contratos, pero la magistrada señaló que impulsaba el desembolso de dinero para que las instituciones hagan esos contratos y que el presupuesto de algunos de esos proyectos priorizados “finalmente llegaba a las arcas de la familia de Bernal Alvarado porque los contratos iban direccionados hacia ellos”.
Villegas dijo que “gran parte de la sentencia fue un discurso político” y que la condena marca un “nefasto precedente” para los funcionarios públicos. “Les dice: ‘No hagas obras porque en el futuro te van a endilgar un delito aún cuando tú no lo hayas cometido’”.
Dos instancias más donde apelar
El abogado dijo que apelarán la sentencia una vez que llegue la notificación por escrito y que después de ese recurso quedan aún dos instancias más a las que pueden recurrir: casación y revisión.
“Desde un inicio hemos sostenido la ratificación de su inocencia. Aquí se ha hecho lo impensable: tapar el sol con un dedo. No puede ser posible que se administre justicia con base a narrativas sin fundamento”, reiteró.
Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ya cumple en la cárcel una pena de ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la que Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.
A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por este mismo caso.
Meses después, el 5 de abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un “perseguido político” y desde ese día está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.
