Esta semana, unidades especializadas de la Policía Nacional allanaron las instalaciones de un call center en el norte de Quito. El operativo dejó como resultado la detención de 60 personas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros que estarían al frente de una estructura criminal dedicada a la extorsión.
Según las autoridades, esta organización operaba bajo la fachada de la empresa Payválida S.A., legalmente inscrita en la Superintendencia de Compañías. El grupo ofrecía préstamos rápidos mediante aplicaciones móviles, por montos que iban desde los USD 50 hasta los USD 150. Sin embargo, tras otorgar los créditos, accedían a los datos personales de las víctimas y los utilizaban para extorsionarlas.
Tras la publicación de este caso, Metro Ecuador recibió nuevas denuncias que apuntan a otros puntos de la capital donde se replicaría este mismo modus operandi. De acuerdo con los testimonios, varias de estas empresas estarían lideradas también por personas extranjeras.
El esquema incluye depósitos realizados por las víctimas en cuentas de entidades bancarias ecuatorianas. Según estimaciones, algunas de estas cuentas tienen acumulado hasta un millón de dólares.
Así es como los reclutan
Uno de los aspectos más preocupantes de esta estructura criminal es la manera en que captan a jóvenes desempleados. Les ofrecen estabilidad, sueldos básicos, comisiones, bonos e incluso oportunidades de crecimiento profesional dentro de un entorno que aparenta ser formal.
Las ofertas laborales son publicadas en redes sociales y portales de empleo. Se solicita “asesores de cobranzas, comprometidos, proactivos y con habilidades de comunicación”. Lo llamativo es que no se exige experiencia previa. El perfil buscado apunta a personas con capacidad para negociar, resolver conflictos y cumplir metas.
El contacto para las entrevistas se coordina desde un número telefónico único, lo que indica una estrategia premeditada y organizada.
Este y otros indicios ya están en manos de las autoridades. Se han iniciado nuevas investigaciones con el objetivo de desmantelar estas redes delictivas que, bajo una apariencia de legalidad empresarial, afectan a ciudadanos mediante la manipulación digital, financiera y emocional.
