La captura de Juan Martín Redín Guerrero en Panamá, ciudadano ecuatoriano requerido por la justicia, marca un nuevo capítulo en una investigación por presunto lavado de activos que salpica a once personas y nueve empresas.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención el pasado 13 de junio de 2025 en Ciudad de Panamá.
Redín Guerrero, quien tenía notificación roja de Interpol, fue localizado en un departamento de la capital panameña. Al momento de su arresto, portaba cerca de 2.000 dólares en efectivo, varias tarjetas bancarias y dispositivos electrónicos. Las autoridades panameñas lo mantienen bajo custodia mientras se gestionan los trámites para su extradición a Ecuador.
La Fiscalía General del Estado lo señala como parte de una estructura que habría captado fondos de terceros mediante supuestas actividades de trading y educación financiera.
Bajo la fachada de cursos y capacitaciones, la red ofrecía altos rendimientos económicos, pero según las autoridades, su verdadero propósito era canalizar grandes sumas de dinero por el sistema financiero sin respaldo real.
Entre 2015 y 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó ingresos superiores a los 24 millones de dólares bajo el concepto de formación académica.
No obstante, las empresas involucradas no contaban con registros como instituciones educativas, lo que despertó las alarmas.
Las operaciones incluyeron transferencias sospechosas, adquisición de vehículos de lujo y el intento de comprar bienes raíces.
Exactriz de Enchufe TV involucrada:
El caso ha tomado notoriedad por la participación de figuras conocidas. Entre las personas procesadas se encuentra Eunice Nicole C., exactriz del popular canal digital Enchufe TV, quien fue imputada el 3 de octubre de 2024.
Su rol como gerente de marketing de la empresa “ADN Escuela de Negocios” fue clave para promover el esquema, utilizando su imagen en redes sociales y eventos para atraer inversionistas.
La Fiscalía vincula también a Michael Rubén O., considerado uno de los principales articuladores del presunto delito, junto a colaboradores como Alan P., Víctor V., Josué G. y Liliana F.
Algunos de ellos enfrentan prisión preventiva, mientras otros continúan prófugos.
El proceso judicial sigue bajo la supervisión de un juez especializado en corrupción y crimen organizado.
