La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en conjunto con el Ministerio del Interior, anunció que analizará el patrimonio y la licitud de los fondos de todos los jueces y fiscales, así como de su círculo cercano, que otorguen medidas sustitutivas a la prisión o dejen en libertad a secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y otros delincuentes. Por disposición del presidente Daniel Noboa, se iniciarán los controles a quienes han favorecido a criminales con medidas judiciales beneficiosas.
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El anuncio fue realizado este viernes a través de redes sociales por José Julio Neira, director de la UAFE, y John Reimberg, ministro del Interior. Esta decisión busca poner fin a la “impunidad con la que muchos jueces y fiscales han actuado durante años, utilizando la Justicia como puerta giratoria para los delincuentes”, señaló Reimberg.
La “puerta giratoria” judicial bajo la lupa
El ministro Reimberg enfatizó que estas actuaciones judiciales han llevado a la Policía a capturar “hasta en diez ocasiones al mismo criminal” en innumerables casos. “Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales, de los que se benefician para lograr la impunidad. Esto se acabó, no lo permitiremos más”, sentenció.
Por su parte, Neira destacó que “durante años muchos se han enriquecido al amparo del crimen organizado”. Puso como ejemplo a abogados que “ayudan a sus clientes a simular actividades económicas, empresas fachada, testaferros disfrazados de empresarios y operadores judiciales que miran para el otro lado”. El director de la UAFE fue enfático: “No vamos a permitir que se siga utilizando el sistema financiero y las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos”.
Colaboración estratégica contra el crimen organizado
La UAFE y el Ministerio del Interior trabajarán de la mano para “trazar el flujo económico ilícito, desenmascarando desde este enfoque a jueces y fiscales”. Esta articulación estratégica apunta a desmantelar las redes que se benefician de la criminalidad.
El anuncio precede a una importante mesa de seguridad en Quito, donde se reunieron el ministro Reimberg, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el fiscal general del Estado, Wilson Toainga. Esta reunión se convocó tras la indignación policial generada por la decisión de un juez de conceder libertad condicional a detenidos por el secuestro de una comerciante en Guayaquil, quien posteriormente fue hallada sin vida.
