En apenas cinco meses de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha identificado operaciones sospechosas por un monto que asciende a USD 600 millones, presuntamente vinculadas al delito de lavado de activos.
Así lo informó su director, Julio José Neira, quien también ejerce funciones como secretario de Integridad Pública en el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Estas operaciones, calificadas como “inusuales e injustificadas”, fueron reportadas a la Fiscalía General del Estado para su correspondiente investigación penal.
El volumen detectado ya supera el promedio anual de años anteriores, que oscilaba entre USD 200 y USD 500 millones. Las autoridades estiman que el total de 2025 podría alcanzar los USD 1 000 millones.
“Se ha incrementado en un 155 % la cantidad de inspecciones en comparación con ejercicios anteriores”, destacó Neira en entrevista, atribuyendo el alza a la implementación de controles más eficaces y a herramientas tecnológicas mejoradas.
Dolarización y sectores de alto riesgo
El lavado de activos consiste en introducir dinero de origen delictivo al sistema financiero legal, simulando que proviene de actividades lícitas.
En Ecuador, el riesgo de este delito es elevado por su economía dolarizada, lo que facilita el movimiento de fondos sin necesidad de cambio de divisas.
Neira señaló que sectores como la minería, el negocio inmobiliario y la venta de vehículos de alta gama están particularmente expuestos a este tipo de delitos financieros. “Son industrias donde el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo sigue siendo común”, explicó.
Tecnología e inteligencia artificial como herramientas clave
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de detección, la UAFE ha comenzado a aplicar pruebas de confianza a su personal e integrar soluciones tecnológicas avanzadas, incluyendo herramientas de inteligencia artificial.
Estas mejoras han sido posibles, en parte, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha donado equipos y software especializado.
Acciones regionales contra la minería ilegal
Neira también anunció que en las próximas semanas se pondrá en marcha un nuevo operativo conjunto de control de minería ilegal con los gobiernos de Perú y Colombia. Esto se suma a recientes acciones trinacionales —incluyendo a Panamá— para vigilar el transporte transfronterizo de dinero en efectivo.
“La minería ilegal es hoy una de las amenazas más graves para el país”, advirtió Neira.
En ese sentido, destacó su rol como presidente del Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero, una instancia coordinada con los ministerios de Energía, Interior y Defensa.
El mensaje del Gobierno es claro: Ecuador intensifica sus acciones contra las redes de lavado de dinero, apostando por la tecnología, la cooperación internacional y una vigilancia más estricta de los sectores económicos de alto riesgo.
