Los gritos de auxilio rompieron el silencio en un barrio tranquilo de Pedernales. Lo que parecía una vivienda común escondía un horror silencioso: una clínica clandestina de rehabilitación, donde al menos siete personas eran retenidas contra su voluntad y sometidas a brutales maltratos.
El hallazgo ocurrió tras escuchar gritos de auxilio
En un operativo realizado por las Fuerzas Armadas en el sector Marialuisa Tercera Etapa, del cantón Pedernales, provincia de Manabí, se descubrió una presunta clínica de rehabilitación clandestina, donde varias personas permanecían retenidas en condiciones inhumanas.
El hallazgo se produjo luego de que los militares escucharan gritos de auxilio provenientes del interior de una vivienda. Al ingresar, confirmaron que se trataba de un centro no autorizado de atención para personas con adicciones.
Víctimas con signos de tortura
Durante la intervención, los uniformados lograron rescatar a siete personas, entre ellas cuatro hombres y tres mujeres, quienes, según los reportes, habrían sido sometidas a violencia física y psicológica.
“Algunas víctimas presentaban claros signos de tortura en distintas partes del cuerpo”, señalaron los miembros de las Fuerzas Armadas.
Cinco personas fueron detenidas en el lugar, entre ellas una mujer. Los aprehendidos fueron identificados como: Mauricio Edu O. B. Víctor Hugo Z. N. Manuel Roberto M. G. Elías Andrés Q. M. Diana Cecilia S. M.
Investigación bajo presunción de tortura
Tanto las víctimas como los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para dar inicio a la investigación bajo la presunción del delito de tortura.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador, el artículo 151 tipifica la tortura como el acto de causar dolor o sufrimiento físico o psíquico grave, o utilizar métodos que anulen la personalidad de una persona.
La pena privativa de libertad por este delito oscila entre siete y diez años, pero puede incrementarse si existen agravantes, como el uso de conocimientos técnicos, si el hecho es cometido por un funcionario público, o si tiene como finalidad alterar la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
