El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó al Ministerio del Interior y a los organismos de seguridad del Estado la adopción de medidas de protección urgentes para una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado y para las instalaciones del Complejo Judicial Norte (Iñaquito), en Quito.
La solicitud está relacionada con el caso “Blanqueo Fito”, una investigación en curso que analiza presuntas operaciones de lavado de activos relacionadas con organizaciones criminales. Según Godoy, el objetivo de esta medida es evitar cualquier posible interferencia en el desarrollo del proceso judicial.
Solicitud ante posible riesgo institucional
El Consejo de la Judicatura informó que la acción se da en respuesta a la conmoción social generada por el caso. Se presume un riesgo para la administración de justicia y la estabilidad institucional, por lo que se busca preservar la independencia de los jueces que conocen el proceso.
Compromiso con la transparencia
En el comunicado oficial, el presidente del Consejo aseguró que se mantendrá el apoyo institucional necesario para garantizar que la causa se lleve a cabo con total transparencia, legalidad e imparcialidad. La entidad afirmó que no se permitirá ningún tipo de presión externa sobre el sistema judicial.
