Un video difundido en redes sociales ha causado una ola de indignación en Colombia y otros países de la región, luego de mostrar a una niña indígena de la comunidad Gito Dokabu, en Risaralda, siendo azotada violentamente por dos hombres hasta perder el conocimiento.
El impactante video
Las imágenes muestran cómo la menor es amarrada a una viga por una mujer, quien luego le cubre las piernas con una cobija. Posteriormente, dos hombres comienzan a golpearla brutalmente con tallos herbáceos.
Los golpes son tan severos que la niña pierde el conocimiento durante varios segundos, pero los agresores continúan el castigo. La víctima intenta gritar y esquivar los impactos mientras su cuerpo queda parcialmente expuesto tras deslizarse la cobija.
Al final del video, la mujer del inicio, desamarra a la menor y la lleva al interior de una vivienda. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el motivo detrás de esta agresión.
Comunicado de organizaciones indígenas
Frente a estos hechos, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia y la Comisión de la Mujer de AICO por la Pachamama emitieron un comunicado en el que condenan lo ocurrido.
“Este tipo de prácticas vulnera gravemente los derechos fundamentales de las niñas y contradice los principios espirituales, culturales y políticos de los pueblos indígenas”, señalaron.
Ambas organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades del territorio Gito Dokabu para que se investigue el caso, se identifique a los responsables y se apliquen sanciones, respetando tanto el derecho propio como los derechos fundamentales de la menor.
Además, solicitaron la intervención inmediata de las instituciones defensoras de derechos humanos para garantizar la protección de la niña y supervisar que el proceso de justicia dentro de la comunidad no viole sus garantías esenciales.
¿Qué dice la ley sobre la violencia infantil en Colombia?
El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece que los derechos de los niños, entre ellos la vida, la integridad física, la salud, la educación y la protección contra toda forma de violencia, prevalecen sobre los derechos de los demás.
Tanto la familia como la sociedad y el Estado están obligados a proteger el desarrollo integral de los menores, y quienes infrinjan estos derechos pueden enfrentar sanciones administrativas, disciplinarias o penales, dependiendo de la gravedad del caso.
Este tipo de situaciones debe ser reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de garantizar la protección y restitución de derechos de los niños y adolescentes en el país.
