Con el respaldo de pruebas materiales, documentales y testimoniales presentadas en la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado informó que obtuvo una sentencia de veintinueve años y cuatro meses de prisión contra Ramón Eduardo R. M., José Fernando S. G. y Edgar M. V., declarados coautores del asesinato de un ciudadano, ocurrido el 5 de abril de 2024 en el sector Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil.
Según el parte de la Policía Nacional, tres personas que se movilizaban en un vehículo dispararon veintidós veces contra la víctima y huyeron del lugar. Las cámaras de la empresa municipal Segura EP captaron el ataque y permitieron identificar las placas y características del automóvil.
El vehículo fue localizado en un motel de la sexta etapa de La Alborada. El conductor, un taxista informal, relató que cuatro sujetos –bajo amenazas– lo obligaron a llevarlos a Bastión Popular y, tras el hecho, a una urbanización privada en la vía a Daule. Por temor, se había ocultado en el establecimiento, pero colaboró con información que permitió ubicar a los responsables. Con base en estos datos, la Policía allanó dos inmuebles, donde fueron aprehendidos los ahora sentenciados. En los operativos se incautaron varias armas de fuego, entre ellas un subfusil, municiones y dinero en efectivo.
Durante el juicio, el Fiscal del caso presentó dieciocho testimonios que demostraron la participación y responsabilidad penal de los procesados. Entre ellos constan los relatos de agentes aprehensores e investigadores, peritos médicos forenses, peritos de balística, de audio y video, así como de los encargados de la cadena de custodia.
Como pruebas documentales se incorporaron los informes de investigación elaborados por la Dinased, el informe del levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, la denuncia presentada por un familiar de la víctima, entre otras.
Tras evaluar todas las pruebas, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas que conoció el caso dictó sentencia condenatoria y les impuso, además, una multa equivalente a mil salarios básicos unificados. Como parte de la reparación integral, dispuso el pago de 10.000 dólares a cada uno.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 2, 4 y 5, que sanciona el delito de asesinato con una pena de veintiséis a treinta años de prisión. Además, se aplicaron agravantes contempladas en el artículo 47, numerales 1, 5 y 7, lo que permitió aumentar la pena en un tercio.
