El reconocido abogado hispano-chileno Gonzalo Boye ha vuelto a ocupar titulares, esta vez al asumir la defensa de William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, presunto cabecilla de Los Tiguerones.
Desde la Audiencia Nacional de España, Boye busca evitar la extradición del ecuatoriano alegando que su vida corre peligro si regresa a su país.
¿Quién es Gonzalo Boye?
Gonzalo Boye Tuset es un abogado chileno-alemán que ha construido una carrera singular y controversial.
En 1996 fue condenado por colaborar con ETA en el secuestro del empresario español Emiliano Revilla. Cumplió seis años de prisión, durante los cuales estudió Derecho y comenzó su transformación profesional.
Desde su liberación, Boye se ha especializado en derecho penal y causas políticamente sensibles. Entre sus clientes más notorios están:
- Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, a quien defiende frente a los intentos de extradición por el proceso independentista.
- Edward Snowden, colaborando en la coordinación de asilo internacional.
- Pablo González, periodista español detenido en Polonia por presunto espionaje.
- William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, cuya defensa actual marca uno de los casos más explosivos de su carrera reciente.
Actualmente, Boye también enfrenta un proceso legal en la Audiencia Nacional acusado de blanqueo de capitales, presuntamente vinculado al narco Sito Miñanco.
¿Cuáles son los honorarios de Gonzalo Boye?
Aunque Gonzalo Boye no ha revelado públicamente sus tarifas, se estima que sus servicios se ubican en el rango alto del mercado legal español, según indica el portal ‘Derecho y Razón Asociados’.
En casos penales complejos como el de “Negro Willy”, los abogados penalistas pueden cobrar:
- Entre 100 y 300 euros por hora, dependiendo del nivel de especialización y urgencia del caso.
- Honorarios fijos que pueden superar los 10.000 a 25.000 euros por caso, especialmente si se trata de un proceso de extradición ante la Audiencia Nacional
Estas cifras pueden incrementarse si el caso incluye asesoramiento estratégico internacional, apelaciones ante tribunales superiores o coordinación con organismos de derechos humanos, indica el medio citado.
El caso de “Negro Willy”
William Joffre Alcívar Bautista fue capturado en octubre de 2024 en Calafell, Tarragona (España), tras una intensa operación de la Guardia Civil.
Líder de la banda criminal Los Tiguerones, enfrenta cargos por terrorismo, asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico en Ecuador.
Es señalado como autor intelectual del atentado contra TC Televisión y del asesinato del fiscal César Suárez.
Al momento de su captura, Alcívar intentó evadir el arresto tomando como rehén a una menor de edad.
Su defensa, liderada por Boye, alega que el sistema penitenciario ecuatoriano carece de condiciones mínimas de seguridad y representa un riesgo real para su vida.
Los Tiguerones: banda narco y brazo armado
Nacidos como una escisión de Los Choneros, Los Tiguerones han consolidado su presencia en provincias como Esmeraldas, Manabí y Guayas.
Esta organización delictiva está vinculada con redes internacionales de narcotráfico y ha protagonizado varios actos de terrorismo urbano.
Su modus operandi incluye extorsión, ejecuciones selectivas, ataques armados a medios de comunicación y control carcelario.
Se les atribuye una alianza con carteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estrategia de Boye para evitar la extradición
Boye ha enfocado su defensa en cuatro ejes:
- Riesgo de tratos inhumanos: Argumenta que su cliente podría ser asesinado o torturado en prisión.
- Falta de garantías judiciales: Denuncia un sistema judicial sin independencia plena.
- Exigencia de garantías diplomáticas: Pide a la Audiencia Nacional que condicione la extradición a compromisos formales del Estado ecuatoriano avalados por organismos internacionales.
- Vía dilatoria: Está dispuesto a acudir a instancias superiores como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Implicaciones internacionales
Este caso ha puesto en tensión las relaciones entre Ecuador y España. También ha reabierto el debate sobre la situación penitenciaria ecuatoriana, cuyas pésimas condiciones han sido denunciadas por la ONU y la CIDH.
El desenlace aún está por verse. Lo que está claro es que Gonzalo Boye vuelve a estar en el centro de un caso que pone a prueba los límites entre el derecho a la defensa y la justicia internacional.
