La Fiscalía General del Estado informó que, con base en su dictamen acusatorio, el juez de la causa ha llamado a juicio al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y al exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a proyectos posteriores al terremoto de 2016.
Los señalamientos contra Jorge Glas
Según el Ministerio Público, Glas habría participado activamente en la toma de decisiones del Comité de Reconstrucción entre mayo de 2016 y mayo de 2017. Entre los elementos destacados por Fiscalía constan:
- Participación en sesiones del Comité, en calidad de autoridad ejecutiva.
- Estructuración del ámbito de trabajo y definición de equipos técnicos del Comité.
- Toma de decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros, particularmente en lo relacionado con la Oficina de Proyectos.
- Priorización de 11 proyectos investigados que no guardaban relación con el Plan de Reconstrucción ni con lo establecido por la Ley de Solidaridad.
Fiscalía argumenta que el accionar del Comité durante este periodo no estuvo normado ni fue homogéneo, lo que facilitó decisiones discrecionales en la ejecución de obras.
Acusaciones contra Carlos Bernal
En el caso de Bernal, quien ocupó el cargo de secretario técnico del Comité, la acusación se fundamenta en los siguientes hechos:
- Conocimiento y firma de todas las actas y resoluciones adoptadas por el Comité.
- Coordinación directa con el Ministerio de Finanzas para la asignación de fondos para 11 proyectos no considerados prioritarios, así como otros adicionales.
- Seguimiento, solicitud de reportes y requerimientos de financiamiento para obras que, según la investigación, no guardaban relación con los objetivos de la Ley de Solidaridad.
- Presuntos vínculos familiares con los accionistas y el representante legal de la empresa CONSTRUHIDROCAB, entidad relacionada con varios de los contratos ejecutados.
La Fiscalía anunció que presentará las pruebas correspondientes durante la etapa de juicio, en la que espera demostrar una presunta red de decisiones irregulares que comprometieron fondos públicos tras la tragedia del 16 de abril de 2016.
