La instrucción fiscal del caso Las Malvinas concluyó oficialmente, y el proceso entra en su siguiente fase judicial.
El juez Dennis Ugalde ha convocado a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), investigados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados días después en una zona rural de Taura, cantón Naranjal, provincia de Guayas, generando conmoción nacional.
Audiencia clave será el 27 de mayo de 2025 en Guayaquil
La audiencia judicial está programada para el próximo 27 de mayo de 2025, a las 14:00, en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil.
Además de la evaluación del caso, se tratarán solicitudes como revocatoria, sustitución y revisión de medidas cautelares y de protección, conforme al principio de concentración procesal.
Teniente coronel implicado en el operativo que derivó en la desaparición
Entre los procesados se encuentra el teniente coronel Juan Francisco I. M., último oficial vinculado a la causa penal.
Según la Fiscalía General del Estado, este oficial habría tenido conocimiento del operativo militar en el que fueron aprehendidos arbitrariamente los cuatro menores en el sur de Guayaquil.
El fiscal del caso indicó que el teniente coronel acudió al sitio, levantó evidencias pero omitió entregar información crucial, lo que —según el ente acusador— impidió que las víctimas fueran halladas con vida.
Fallos en el manejo de evidencia y cadena de custodia
Se reveló también que el oficial levantó prendas de vestir de los menores tres días después del hecho, sin respetar la cadena de custodia, un procedimiento clave en los casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
Cooperación eficaz revela detalles escalofriantes del caso Malvinas
Cinco de los militares imputados han accedido a cooperación eficaz y participaron en la reconstrucción de los hechos.
En sus testimonios, describieron que los menores fueron agredidos en tres lugares: la vía Durán-Tambo, un tramo cercano al peaje de esa carretera, y un camino rural en la parroquia Taura.
En esta última zona, fueron abandonados, golpeados, y desnudados, pero aún se encontraban con vida al momento del abandono.
Fiscalía tipifica el caso como desaparición forzada según el COIP
El proceso penal se enmarca en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de desaparición forzada con penas de entre 22 y 26 años de prisión. Este tipo penal es considerado grave violación a los derechos humanos, y puede ser calificado como crimen de lesa humanidad.
