El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este martes 6 de mayo destituir a cuatro jueces de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de ser sentenciados por su participación en una organización delictiva desarticulada en el denominado Caso Plaga.
La resolución, adoptada durante una sesión ordinaria, implica no solo la salida inmediata de los funcionarios de sus cargos, sino también la prohibición de reincorporarse a cualquier instancia de la Función Judicial.
¿En qué consiste el Caso Plaga?
El Caso Plaga es una investigación de alto perfil que involucra delitos de corrupción y crimen organizado en Ecuador. A través de un procedimiento abreviado, 14 personas han sido sentenciadas, entre ellas uno de los cabecillas de la organización.
Las conductas delictivas incluyen cohecho agravado, tráfico de influencias, prevaricato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros actos vinculados con la manipulación del sistema judicial a cambio de sobornos.
Jueces implicados y sus delitos
Los ahora ex jueces habrían facilitado la liberación de detenidos y emitido resoluciones judiciales ilegítimas a cambio de dinero. A continuación, un resumen de cada caso:
- Simón Oswaldo García Tello – Juez de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y Adolescentes Infractores de Paján (Manabí). Fue hallado culpable de colaborar con la organización criminal como coautor. Utilizó su cargo para liberar a miembros del grupo a cambio de pagos. Transferencias bancarias a su esposa, suegra y otras personas cercanas por montos superiores a USD 30.000 fueron registradas en fechas coincidentes con la emisión de sentencias favorables.
- Joffre Javier Rivera Rodríguez – Juez de Garantías Penales en Chone. En 2023, un abogado que fungía como intermediario depositó USD 10.000 en su cuenta. Ese mismo abogado recibió USD 15.700 de una beneficiaria de medidas constitucionales emitidas por Rivera.
- Byron Michael Orejuela Giler – Juez en Flavio Alfaro. Se comprobó que emitió liberaciones a favor de personas vinculadas a la red delictiva. Una de ellas realizó una transferencia de USD 31.000 al abogado que actuaba como enlace con el juez.
- Ángel Lindao – En 2022 y 2023 recibió depósitos por un total de USD 32.000, incluyendo una transferencia de USD 30.000. Liberó a individuos procesados por delitos graves como sicariato. Su cuenta bancaria mostró un crecimiento inusual asociado a transferencias vinculadas al caso.
La Judicatura enfatizó que estas decisiones refuerzan el compromiso institucional con la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia y la defensa del debido proceso.
