El presidente Donald Trump ha anunciado una nueva medida migratoria que ofrece un incentivo económico de $1.000 a los migrantes indocumentados que opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.
Esta iniciativa, presentada el 5 de mayo de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca reducir los costos asociados a las deportaciones forzosas, que ascienden a aproximadamente $17.000 por persona.
Además del pago, el gobierno proporcionará asistencia para los gastos de viaje a través de la aplicación móvil “CBP Home”, diseñada para facilitar el proceso de salida voluntaria.
¿Cómo funciona el proceso y quiénes pueden aplicar?
Los migrantes interesados deben registrarse en la aplicación “CBP Home”, donde deberán proporcionar información personal, incluyendo fotografía, datos biográficos, dirección y detalles sobre su pasaporte y recursos financieros para el viaje.
Una vez completado el registro, serán clasificados como de “baja prioridad” para detención y expulsión, y podrán acceder al incentivo económico y a la asistencia para su retorno.
Es importante destacar que esta medida no garantiza un camino claro para la reentrada legal a Estados Unidos en el futuro. Aunque el gobierno sugiere que la autodeportación podría facilitar futuros ingresos legales, no se han detallado mecanismos específicos para ello.
¿Qué riesgos implica la autodeportación?
Expertos en inmigración advierten que la decisión de autodeportarse debe considerarse cuidadosamente. Dependiendo del tiempo que una persona haya permanecido en Estados Unidos sin autorización, podría enfrentarse a prohibiciones de reentrada que varían de 3 a 10 años, o incluso de por vida en algunos casos.
Además, la información proporcionada a través de la aplicación podría ser utilizada por las autoridades para futuras acciones migratorias.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes también han expresado preocupación por la falta de claridad en los beneficios a largo plazo de este programa y por la posibilidad de que los participantes renuncien a derechos legales, como la solicitud de asilo.
