El Caso Malvinas, relacionado con la desaparición y muerte de varios menores ecuatorianos, ha dado un giro importante con el avance de la investigación que ahora incluye a miembros de un grupo de delincuencia organizada.
La desaparición de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo, quienes fueron vistos por última vez bajo custodia de los militares, ha desatado un proceso judicial que ha involucrado a varias partes, incluidas personas ajenas al cuerpo militar. Según el abogado de los uniformados, el Dr. Jesús López, en entrevista con Metro Ecuador, dio a conocer que la Fiscalía ha solicitado que se investigue un presunto delito de secuestro vinculado a los hechos, relacionado con un testigo que prestó su teléfono móvil para que uno de los fallecidos pudiera realizar una llamada.
Se amplía la investigación: militares implicados en desapariciones forzadas y posibles participación de organización criminal
López, quien representa a los 16 militares investigados, señaló que el testigo Tomalá, quien asegura haber permitido que uno de los jóvenes desaparecidos se comunicara con su padre, presenta contradicciones en su versión. En particular, el padre de las víctimas manifestó que, durante la llamada telefónica, Tomalá mencionó que serían llevados por “la mafia”. Esta declaración ha levantado sospechas sobre la presunta participación de un grupo de delincuencia organizada en los hechos.
Además, el abogado sostiene que existe un testigo clave indicó que vio a aproximadamente diez motocicletas que llegaron a la zona para llevarse a los menores de edad. Estos detalles han llevado a las autoridades a considerar que un grupo criminal podría haber estado involucrado en la muerte de los menores
Testigos clave revelan nuevas pistas sobre la participación de un grupo delincuencial en el caso
Un informante -que es testigo clave en el caso- ha confirmado que vio alrededor de diez motocicletas pertenecientes a un grupo delictivo organizado, con los menores de edad a bordo. Además, proporcionó información que permitió localizar las osamentas de los jóvenes desaparecidos.
Según el abogado de los militares, esta información es crucial para esclarecer los hechos y determinar si hubo participación de grupos criminales en el caso, por lo que se investiga a seis personas, incluido a Tomalá.
La Fiscalía solicita más diligencias para esclarecer el papel de los militares en el crimen organizado
Según el abogado defensor de los uniformados sostiene que no existe evidencia que confirme que se trató de una desaparición forzada, señalando que los militares no participaron en el crimen posterior a la supuesta liberación de los jóvenes.
Por otro lado, el abogado de derechos humanos, Fernando Bastias, quien representa a las familias de los fallecidos, asegura que los elementos del caso indican que sí se trata de una desaparición forzada. Según Bastías, la falta de procedimientos legales adecuados, la incomunicación de los jóvenes y la ausencia de informes oficiales apuntan a que los 16 militares involucrados son penalmente responsables por el tipo penal.
Las investigaciones continúan con la esperanza de que, a través de nuevas pruebas y declaraciones, se logre esclarecer por completo la verdad detrás de este caso, que sigue conmocionando al país. Las autoridades aseguran que se están tomando todas las medidas necesarias para identificar a los responsables.
