La defensa jurídica de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador acudió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que sea liberado y entregado a México tras haber sido detenido dentro de la embajada mexicana en Quito, en un asalto policial a la fuerza cuando ya había recibido asilo.
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En una rueda de prensa celebrada en Guayaquil, donde Glas lleva un mes recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, el abogado Aitor Martínez explicó que presentaron una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que pida a Ecuador que lo libere y le permita viajar a México.
En la denuncia, presentada el 19 de abril, esgrimieron que Glas fue víctima de “secuestro” y de “gravísimos malos tratos” en el momento de la detención en la Embajada de México, ordenada por el presidente Daniel Noboa al considerar que existía un presunto riesgo de fuga frente a la orden de detención que pesaba sobre él.
Después ampliaron la denuncia para agregar la resolución del tribunal ecuatoriano que declaró “ilegal” y “arbitraria” su captura y le informaron sobre la “comunicación muy limitada” que tiene el exvicepresidente dentro de La Roca, lo que le impediría tener conversaciones privadas con su equipo jurídico.
Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, se encuentra procesado por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, y tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas de cohecho y asociación ilícita dictadas en 2017 y 2022.
”Hemos insistido en la necesidad de que el Grupo de Trabajo active el procedimiento de urgencia, y que en un corto plazo pueda haber algún pronunciamiento por parte de Naciones Unidas en relación a la situación de detención arbitraria que sufre el señor Glas hasta la actualidad”, señaló Martínez.
La defensa pidió también al Grupo de la ONU que una delegación del organismo internacional visite al exfuncionario en la prisión.Un pedido similar hizo la defensa ante la CIDH, que ya otorgó a Glas medidas cautelares en 2019, en las que pidió a Ecuador que tome acciones para proteger su vida e integridad cuando se encontraba en prisión producto de las dos condenas previas.
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Esta vez, su equipo jurídico solicitó la ampliación de esas medidas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas provisionales para protegerlo, lo que “implica su liberación inmediata y su traslado a la Embajada de México o a otro Estado que quiera intervenir (en darle también asilo)”, señaló la abogada Sonia Vera”También hemos pedido el restablecimiento de las comunicaciones y visitas y que se le asegure el derecho a un juicio justo”, dijo Vera.
El equipo legal de Glas también inició acciones legales en México y Alemania, ya que Glas cuenta también con la ciudadanía de este segundo país.En Alemania se presentó una denuncia por los delitos de privación de libertad, lesión corporal grave y coacción, mientras que en México fue la madre de Glas, Norma Espinel, quien denunció al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la ministra de Interior, Mónica Palencia, a la jueza de la Corte Nacional Rita Bravo y al jefe policial y militar.
Los delitos que abarca la denuncia de la madre son los de secuestro, sometimiento a torturas, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada, por los hechos suscitados en la Embajada, que derivaron la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y sendas demandas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.En ambos casos, señalaron los letrados, las fiscalías de esos países ya están investigando y recolectando la información pertinente.
Jorge Glas está en huelga de hambre a base de suplementos alimenticios y líquidos desde su ingreso en cárcel el pasado 6 de abril. El Gobierno de Noboa justifica el asalto a la Embajada y la detención de Glas en fue México el primer país en transgredir los convenios internacionales que rigen las misiones diplomáticas al proteger al exvicepresidente, al que se le dio asilo cuando el Convenio de Caracas impide dar este beneficio a personas condenadas por tribunales ordinarios o procesadas por delitos comunes.
