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Lo que se sabe del entramado de delincuencia organizada del Caso Purga hasta el momento

Juez dictó prisión preventiva para 9, medidas alternativas para 2 y arresto domiciliario para uno.

El rol de Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros jueces en el Caso Purga que investiga presunta delincuencia organizada.
Lo que se sabe del entramado de delincuencia organizada del Caso Purga hasta el momento. Imagen: Cortesía

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola Gallardo, el juez provincial Johann Gustavo Mafertán, además de Reinaldo Cevallos, Nelson P., Lino R., Henry T., Guillermo V. (también jueces de Guayas) y los ciudadanos Ruth S., Mónica Alvarado (esposa de Muentes), Fausto A. (primo de Muentes), y Saúl M., por delincuencia organizada en el caso Purga.

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La investigación en esta causa se desprende de los hallazgos del Caso Metástasis. Los ya procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se llevaron a cabo 43 allanamientos, especialmente en Guayaquil y Samborondón, la madrugada del 4 de marzo.

-Lea También: Caso Purga: primo de Pablo Muentes se benefició y apropió de un terreno valorado en USD 200 mil en DuránOpens in new window ]

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos –que se desarrolló por más de diez horas, la noche del 4 y la madrugada del 5 de marzo, y luego de la reinstalación convocada para la tarde– el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiona Gallardo, los jueces de Guayas Johann Gustavo Mafertán, Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., y Fausto A. (primo del exasambleísta procesado).

Caso Purga: más de 10 funcionarios públicos detenidos por presunta delincuencia organizada.
Caso Purga: más de 10 funcionarios públicos detenidos por presunta delincuencia organizada.

Para el juez Reinaldo Cevallos dictó arresto domiciliario, mientras que Mónica Alvarado (esposa del exlegislador) y Saúl M. (funcionario de la Judicatura en Guayas) deberán presentarse una vez por semana ante la autoridad competente y no podrán salir del país.

Prohibición de enajenar bienes y retener cuentas de los procesados

Respecto a las medidas de carácter real, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por USD 3,9 millones y dispuso la retención de las cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.

La fiscal general Diana Salazar Méndez explicó al Juez que este caso es un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada, para la obtención de decisiones judiciales “que mantenían en asombro a toda la sociedad”.

¿Cómo estaba conformada la cúpula en el Caso Purga?

La Fiscal explicó que la cúpula de este grupo estaría conformada por Pablo Muentes, quien –como asambleísta– habría establecido relaciones con María Fabiola Gallardo y Johan Gustavo Mafertán, y habría contratado a Mayra Salazar (procesada en el caso Metástasis), para controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos en su beneficio, desde la Corte de Justicia de Guayas, con la participación de los otros integrantes de la organización.

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Algunas de las decisiones beneficiaron económicamente y de forma directa a Pablo Muentes, a los demás integrantes de la organización y a terceros, incurriendo –además– en la planificación y comisión de otros delitos, entre los que se incluyen: prevaricato, tráfico de influencia, cohecho agravado o fraude procesal.

También habrían sido beneficiadas –o habrían intentado beneficiarse– personas relacionadas con el narcotráfico, como Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, que según la investigación de Fiscalía. Los elementos de convicción presentados por la cartera de Estado fueron suficientes para el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dicte las medidas cautelares y señale el inicio de la instrucción fiscal por noventa días.

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