De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General del Estado en el Caso Purga, un entramado de delincuencia organizada, Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, a través de sus acciones reñidas con la Ley, habría controlado la administración de justicia en Guayas en beneficio de sus intereses. Sería uno de los líderes de la organización delictiva.
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Asimismo, de acuerdo a lo publicado por la cartera de Estado, él y su esposa, Mónica Álvarado, se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi USD 4 millones del Banco del Pacífico “por daños causados”.
Esto como relación de una acción de habeas data contra la institución bancaria, en el que “justificaron” el pago de préstamos recibidos en 1989 y 1999, utilizando documentos de pagos falsos y adulterados.
En este caso Nelson Mecías P. M. y Ramos Alberto L. T., jueces de lo civil en Guayas, conformaron el Tribunal Provincial que conoció el juicio de falsedad de instrumentos privados que el Banco del Pacífico interpuso respecto a las notas de crédito irregulares presentadas por Muentes y su esposa, para justificar el pago de compromisos crediticios adquiridos con la entidad financiera en 1989 y 1999.
Con sus votos mayoría, el Tribunal rechazó el recurso presentado y ratificó la decisión de la jueza de primer nivel, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por la entidad bancaria, beneficiando de esta manera al exasambleísta, por medio de tráfico de influencias cohechos y prevaricatos, con cerca de USD 4 millones.
