Una denuncia por presunto abuso sexual a una menor se registró en Unidad Educativa, ubicada en el sur de Quito. El Ministerio de Educación se pronunció luego de que la alerta fue emitida por padres de familia de institución.
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“El Ministerio de Educación tiene una política de cero tolerancia frente a situaciones de violencia que atenten contra los derechos de los miembros de la comunidad educativa”, expresó frente al hecho la cartera de Estado.
Frente a una denuncia ingresada al Distrito Educativo 17D06 referente a la presunción de un hecho de violencia en la Unidad Educativa, el Ministerio de Educación dio a conocer a Metro Ecuador que el Distrito habilitó el debido proceso descrito en las Rutas y Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia ocurridas o detectadas en el sistema educativo nacional.
“La junta Distrital de Resolución de conflictos, a fin de garantizar el interés superior de niños niñas y adolescentes, ha dispuesto, el acompañamiento del equipo DECE a la víctima, garantizar su derecho educativo y como medida de protección, se dispuso tareas administrativas a la persona denunciada, mientras dure el debido proceso de investigación”, indicó el ministerio.
¿Qué se conoce del caso de abuso sexual?
Al momento se conoce que una menor habría sido víctima de presunto abuso sexual por un docente de la institución educativa; sin embargo, se desconoce más detalles del hecho.
Según el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que la persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Asimismo, cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
