Se instaló la audiencia para tratar la posibilidad de que la eutanasia no sea penada en el Ecuador con el caso de Paola Roldán. La mujer y su defensa expusieron sus motivaciones para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en casos de muerte asistida.
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La misma Roldán con mucha dificultad expuso su situación. Padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), permanece conectada a un respirador y con movilidad limitada y depende al 100% de terceros.
“No vengo a exponerme para que me tengan lástima. Sería injusto y revictimizante porque he conocido lo que es vivir una vida intensa, amplia, colorida y plena. Sé que lo único que merezco es una vida y muerte con dignidad”, dijo ante los jueces.
Paola relató que desde hace tres años se alimenta por vía parenteral, es decir, por un catéter conectado a su corazón para recibir los nutrientes que requiere su cuerpo. La semana pasada durante un episodio de atoro, por el cual tuvo que recibir maniobras extensas y dolorosas, recordó los motivos por los que hace cuatro meses tomó la decisión de demandar la legalización de la eutanasia para acceder a una muerte con dignidad.
“Yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, profunda, amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Soy la voz de Ana María, de 35 años, cáncer terminal de mama. Soy la voz de Karina, que tiene un glioblastoma multiforme. Soy la voz de Daniel, paciente de ELA. De Nancy, también con ELA. Y a diferencia de varios de ellos yo he tenido el privilegio de tener acceso a los mejores cuidados paliativos, con medicamentos y tecnología de punta, aquí y en el exterior, y puedo decir con absoluta certeza que no son suficientes, el dolor es constante e implacable. Y aunque por diversas circunstancias podría tolerar el dolor físico no hay medida paliativa que me permita transitar los dolores emocionales. El dolor de saber que todos mis sueños han sido mermados. El dolor de tener a mi hijo acostado a mi lado acostado con fiebre y no poder extender mi mano dos centímetros para tocarle la frente. Díganme ustedes qué cuidado paliativo sirve cuando semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo. Que pastilla hay para aliviar el hecho de no saber si la próxima semana seguiré hablando. No saben lo humillante que es para mi pedirles que se reconozca el derecho que me corresponde. No saben lo indignante que es para mí que ustedes con sus creencias, sus dogmas y su fe, que respeto en el ejercicio de la vida privada, pero no en el ejercicio de legislar en un país laico, que ustedes tengan la potestad de legislar mi destino. Esta no es una lucha por morir, sé que voy a morir; esta es la lucha de cómo hacerlo ¿debo hacerlo solo, atorada, en los brazos de un desconocido o en la clandestinidad? ¿o puedo hacerlo sola, contenida, en los brazos de mi marido, con dignidad, habiendo tenido una despedida con mi hijo, en amor, paz y mirando hacia la luz”.
Por su parte, la defensa de Paola se centró en que la sanción penal que establece el COIP en casos de muerte asistida es desproporcionada. Uno de sus abogados, Pablo Encalada, señaló que hay dos escenarios en lo tipificado.
El primero, en el caso de la eutanasia, tiene que ver con que no hay víctima ya que hay una persona que, libre y voluntariamente, expresa su deseo de morir. En ese aspecto, no hay un crimen que perseguir en caso de muerte asistida.
El otro escenario es el que implica quitar la vida a una persona en contra de su voluntad y, en ese caso, existe un delito.
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En la audiencia también actuaron los representantes de la Asamblea y de la Presidencia como accionados. En el caso del Legislativo, no se presentó ningún argumento ya que el pasado 17 de noviembre recién se instaló ese poder del Estado. La Presidencia tampoco presentó ninguna argumentación al respecto.
Después de ellos, la audiencia continuó con los ‘amicus curiae’. El primero en participar fue el abogado Felipe Rodríguez.
Tras la audiencia, la Corte se tomará un tiempo para tomar su decisión. En otros temas, el tiempo ha sido entre dos y tres semanas.
