La audiencia en la que la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, iba a presentar su acusación contra Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, por presunto peculado (malversación) en el caso de la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, quedó diferida por la ausencia de su abogado.
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“Debido a la inasistencia de la defensa de Jorge G., no se instala la audiencia de formulación de cargos prevista para hoy -por presunto peculado- en contra de él, Carlos B. y Pablo O.”, indicó la Fiscalía en su cuenta de X (antiguo Twitter).
Una fuente de la Fiscalía indicó a EFE que no se ha definido aún una fecha para la instalación de la audiencia del caso, en el que se investiga la prioridad dada al manejo de los recursos públicos destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó a varias provincias.
La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas, fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.
Al inaugurar el pasado lunes un programa de radio, Glas se defendió de las acusaciones en su contra por el tema de Manabí.
La Fiscalía había confirmado que la diligencia se realizaría este miércoles a las 08:30 tras haber reunido los elementos de convicción suficientes para iniciar la formulación de cargos en su contra. Sin embargo, antes de instalarse la defensa de Glas, este presentó un certificado médico con tres días de reposo por un shock anafiláctico. Según informó Teleamazonas sobre lo ocurrido.
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REIVINDICA INOCENCIA
El mes pasado, Glas, que pasó unos cinco años en prisión, reivindicó ser “inocente” en el caso Odebrecht, después de que el Tribunal Supremo Federal de Brasil anulara las pruebas extraídas de los sistemas informáticos de la constructora brasileña.
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Aseguró que no se plantea tomar acciones legales contra la Justicia ecuatoriana por la sentencia que lo condenó a seis años de cárcel por el caso Odebrecht, y que luego devino en otra de ocho años por cohecho en el llamado caso Sobornos.
Si bien reconoció que el fallo del Tribunal Supremo Federal de Brasil no es vinculante en Ecuador, afirmó que “es irrefutable: son pruebas nulas, adulteradas” y “constituye un nuevo elemento para futuros procesos judiciales”.
“No estoy buscando venganza en contra de nadie. No lo he contemplado, pero todavía esto no termina”, había señalado Glas, en referencia a que la Fiscalía lo está acusando en un nuevo caso de obras realizadas tras el terremoto de 2016.
“Ahora me están acusando de reconstruir Manabí. Tengo una larga lucha por delante. Seguiré luchando por el derecho a la honra y el buen nombre, por mi familia y por los militantes que están detrás”, apuntó Glas.
En agosto, Glas recordó que desde 2019 es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que su caso lo declaró “de extrema urgencia” cuando el año pasado se entregó nuevamente después de que saliese en libertad por 40 días mediante un polémico habeas corpus dictado por un juez.
En agosto, el Ministerio Público apuntó que “la sentencia del caso Odebrecht fue emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia y ratificada en apelación y casación (nueve magistrados en total), con base en la abundante prueba presentada” por la Fiscalía, que aseguró haberla obtenido “de forma legal y objetiva”.
Glas, que ocupó el cargo entre 2013 y 2017, se considera un perseguido político y víctima de “lawfare” (utilización del sistema judicial contra rivales políticos).
