Tras ser recibida la demanda de Esteban Torres, Yeseña Guamaní y otros exlegisladores, la Corte Constitucional otorgó la diligencia a dos jueces para que se encarguen de conocer y tramitar el pedido. El documento señalaba que la muerte cruzada es inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura.

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El juez Jhoel Escudero será quien conocerá la demanda planteada. Asimismo, el juez Enrique Herrerría tramitará la demanda realizada por los legisladores Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango.

Según el comunicado emitido por el Partido Social Cristiano, el presidente de la República solo puede utilizar la muerte cruzada cuando existen “realmente” una o más de las causales establecidas en el artículo 174 de la Constitución.

“El argumenta falsamente, ‘grave crisis política y conmoción interna’, que es una de las causales establecidas en dicho artículo, pero es público y notorio que tal evento no existe en estos momentos”, señala el escrito.

CONAIE señaló seis puntos frente al escenario de muerte cruzada

Leonidas Iza expuso los desacuerdos con la actual gestión y las acciones a realizar por parte del movimiento indígena tras el escenario de muerte cruzada.

Frente a esto, señaló seis puntos, de los cuales aún no se ha anuncia movilización nacional o levantamiento indígena. Sin embargo, no descarta la posibilidad si se toma decisiones dictatoriales:

• El consejo político de gobierno de la CONAIE convocó a asambleas territoriales permanentes.
• Convocarán a todos los sectores sociales y populares a la consolidación de la asamblea popular y plurinacional con el objetivo de generar una agenda de consenso para enfrentar al “modelo neoliberal” del Gobierno.
• La CONAIE se declara en vigilia permanente para defender los intereses del pueblo ecuatoriano y de la democracia, según Leonidas Iza.
• Demandarán a la Corte Constitucional un pronunciamiento inmediato.
• El movimiento indígena exige a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. Responsabilizarán a las fuerzas del orden ante cualquier violación a los derechos humanos en contra de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
• La CONAIE rechaza categóricamente la injerencia de la embajada norteamericana y la diplomacia alineada con las políticas del Gobierno.