El juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, llevado a cabo por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, suspendió la sesión que discute el futuro del primer mandatario. El informe presentado por las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática -con más de 59 firmas- será analizado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

[ -Lea también: “Un intento más de desestabilización”: Gobierno responde a juicio político presentado en contra del presidente Guillermo Lasso ]

Es decir, que los argumentos jurídicos en contra del presidente Lasso pasarán por una revisión, antes de que el CAL tome una decisión oficial sobre el juicio político.

Posterior a ello, de ser aprobado, la Corte Constitucional tendrá un lapso de seis días para pronunciarse sobre este documento.

Recomendados

“La peor prisión de Ecuador”: Jorge Glas escribió cartas a los presidentes de México, Colombia y Brasil

Gobierno Nacional repatrió a 13 presos colombianos, son 11 hombres y 2 mujeres

Dos nuevos países en los que se suspende la votación del Referéndum y Consulta Popular 2024

Sobre el juicio político contra el presidente

Los asambleístas de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) presentaron con 59 firmas el jucio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. El delito por el que acusan al primer mandatario es por concusión.

¿Qué es el delito de concusión?

La concusión es un delito y se presenta cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución. También incluye el cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza.

Este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Artículo 281, donde se sancionará con tres hasta siete años de prisión.

“Un intento de desestabilización”

El Gobierno rechazó la solicitud de juicio político presentada por 59 legisladores, en contra del presidente de la República. Asegura que dicha demanda carece totalmente de elementos políticos jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del Primer Mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma.