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CAL tratará el pedido de juicio político contra Guillermo Lasso esta noche. Ellos son los 4 legisladores interpelantes

El pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso será por la segunda causal constitucional, por delitos contra la administración pública. Se presentaron 59 firmas.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso PRESIDENCIA ECUADOR

Se entregó durante la noche del 16 de marzo el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que lo podría llevar a su destitución. La causal escogida por los legisladores fue la segunda prevista en la Constitución en el artículo 129, numeral 2. Es decir, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, mejor conocidos como delitos contra la administración pública

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El pedido de juicio político se presentó con 59 firmas de respaldo, pese a que solo se necesitan 46. Todas provienen del correísmo, Partido Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik. Por lo que los asambleístas están optimistas ya que si el juicio político supera el filtro de la Corte Constitucional, con 92 votos puede haber una destitución del presidente.

Estos son los cuatro legisladores interpelantes:

Viviana Veloz, de UNES. Pedro Zapata, del PSC. Mireya Pazmiño, expulsada de Pachakutik. Rodrigo Fajardo, de una facción de la Izquierda Democrática.

El CAL sesionará a las 17:45 de estes viernes 17 de marzo, en el primer filtro que deberá pasar la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Respuesta del Gobierno:

Califican la acción como “desestabilizadora”. “El Gobierno del Ecuador rechaza de forma categórica la solicitud de juicio político presentada por 59 legisladores, en contra del presidente de la República, inicia el comunicado.

Asimismo, continúa: “dicha demanda carece totalmente de elementos políticos jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del Primer Mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma”.

“Por tales razones, este juicio político no es un acto de fiscalización sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años”.

“Ante estas acciones, el Gobierno del Ecuador continuará enfocado en atender las principales preocupaciones de los ecuatorianos”, finaliza el pronunciamiento oficial.

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