La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el exvicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y 36 personas más, donde están incluidos familiares cercanos como su esposa y una de sus hijas, por su supuesta participación en el delito de cohecho. En esta lista también se encuentra Victoria Patiño, participante de MasterChef Ecuador, deberá presentarse cada ocho días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador mientras dure la instrucción fiscal de noventa días. Además, se dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia.
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En el caso de Lenín M., Judith G. y Xavier M. deberán presentarse cada quince días. La presunta red de corrupción se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.
Para sustentar la formulación y el pedido de medidas cautelares, la titular de Fiscalía relató las circunstancias de los hechos y enumeró 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa.
El resto de los procesados tienen las mismas medidas, Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B. deberán presentarse cada ocho días. Excepto para Wu Y., para quien sí se dictó prisión preventiva.
También, ordenó medidas de carácter real (inmovilizaciones y prohibiciones de enajenar bienes) por 154 millones de dólares a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados, excepto aquellas cuentas en donde se reciba sus fondos por concepto de pensiones jubilares.
Dispuso, además, a la Fiscalía General del Estado que curse Asistencia Penal Internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice para inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados en los bancos de los sistemas financieros de estos países y que remita la Asistencia Penal Internacional a los mencionados países para solicitar la prohibición de enajenar bienes.
Durante la diligencia, la fiscal Diana Salazar señaló que el proceso de investigación permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018. Además, destacó que la empresa adjudicataria de la licitación, Sinohydro, habría entregado –a través de dádivas, cheques y transferencias– 76 millones de dólares a los treinta y siete procesados.
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Expuso que estos valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas.
Puntualizó también que los montos que recibieron los procesados –que hasta el momento podrían ser demostrados– son: Lenín M. y su esposa, 220.000 dólares (a través de un departamento); Irina M., 50.000 dólares; Edwin M., 350.000; Conto P., 1,5 millones de dólares; José C. (abogado de la empresa Recorsa), 2,6 millones de dólares, por mencionar algunos.
Con información de Fiscalía.
