El Gobierno del Ecuador anunció su compromiso para enfrentar la crisis del sistema penitenciario en el país. En rueda de prensa realizada este miércoles 18 de agosto de 2021 en el palacio de Gobierno, se anunció la entrega de USD 75 millones en los próximos 4 años para el cumplimiento de objetivos inmediatos, de corto, mediano y largo plazo.
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Fausto Cobo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAl), explicó que la situación del sistema penitenciario del país es “precaria, caótica, peligrosa y anárquica” con efectos negativos para la seguridad del Estado.
Para qué se destinarán los recursos
Por lo que señaló que los recursos asignados se destinarán para atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano. Anunció además que entre las acciones emergentes están: la aplicación -de manera inmediata- del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de las personas privadas de la libertad de acuerdo con los niveles de seguridad.
El plan de restructuración del sistema de rehabilitación social también contempla la readecuación y la redistribución de la actual infraestructura de los centros de Privación de Libertad para garantizar condiciones dignas de habitabilidad, con la construcción de nuevos pabellones donde sea posible; así como la adecuación de pabellones de máxima seguridad.
Además, se promoverá un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército y las Fuerzas Armadas para que, a través del servicio militar voluntario, se seleccione al talento humano idóneo que conformaría el Cuerpo de Agentes Penitenciarios. Con esto también se optimizan recursos y se logra austeridad.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que esta decisión se tomó luego de la reunión de Consejo de Seguridad Pública (COSEPE) como parte del compromiso gubernamental de solucionar la actual situación del sistema de rehabilitación social del país.
Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, ratificó que en ese proceso se vigilará el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad priorizando la seguridad en los centros carcelarios.
