La Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio contra Daniel Salcedo Bonilla y ocho personas más por su presunta participación en el delito de peculado.
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Esto, por la adquisición irregular de fundas para cadáveres e insumos médicos, en el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Guayaquil.
Salcedo se enfrentaría a un segundo juicio, pues el pasado 16 de diciembre la Fiscalía informó que el Tribunal de Garantías Penales del Guayas dictó cuatro años de prisión para Salcedo, Franklin Lara y Jocelyn Mieles, por fraude procesal.
La fiscal Claudia Romero acusó como autores directos a Susana Paola M. L., exgerente General del Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos; Cristina del Rocío G. Z., responsable de Compras Públicas de esa casa de salud; y, Johana Isabel V. F., exsubdirectora Administrativa Financiera.
Mientras que a Sandra Marynelcy O. R., representante de la empresa SILVERTI; Fabián Humberto B. M., Lenin Alfonso R. G., Alejandro B. R. y Daniel Josué S. B. (que tendrían nexos entre las empresas SILVERTI, BIOIM y ECAP MEDIQ), como coautores.
Además, acusó como cómplice a Jorge Antonio S. B.
En Ecuador el delito de peculado es sanciona con penas de 5 a 13 años de cárcel, según las circunstancias y agravantes del delito (detalle que aplica en el resto de delitos mencionados en la publicación)
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¿Qué señala la investigación?
La investigación de Fiscalía establece que Susana Paola M. L., Cristina del Rocío G. Z. y Johana Isabel V. F. aprobaron la adquisición de insumos médicos en el contexto de la emergencia sanitaria, pese a que los recursos adquiridos constaban en el portal de compras públicas a un precio menor en cotizaciones solicitadas a otros proveedores.
De esta forma, las funcionarias habrían inobservado las normas establecidas e invitaron a la empresa SILVERTI S. A. a participar de dicho proceso.
A esto se suma que la empresa oferente no habría adjuntado documentación de respaldo sobre el trámite o las gestiones realizadas, que tiene por objetivo evidenciar la obtención de certificados estipulados en la normativa de compras públicas.
Fiscalía presentó al juez Reinaldo Cevallos más de noventa elementos de convicción, que dan cuenta de las acciones que funcionarios públicos realizaron junto a personas externas para disponer arbitrariamente de fondos públicos, a favor de un grupo de empresas que se vinculan con el procesado Daniel Josué S. B., quien tenía –según las investigaciones– constante relación con los personeros de esa y otras casas de salud.
La fiscal Romero añadió que, a partir de las acciones efectuadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, el procesado Daniel Josué S. B. entregó paquetes accionarios a varios de los procesados en este caso.
Fiscalía solicitó al Juez que los procesados sean llamados a juicio y que se ratifiquen las medidas cautelares en su contra.
La audiencia se suspendió a las 18:00. El Juez informará a las partes la nueva fecha y hora para su reinstalación.
