La noche de este sábado 26 de septiembre, Fiscalía General del Estado vinculó a Jacobo Bucaram al proceso en que se investiga a tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y al expresidente de la República, Abdalá Bucaram, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Luego de haber analizado los elementos presentados por la Fiscal de caso, la Jueza de la causa le dictó prisión preventiva, como medida cautelar para asegurar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal. Además ordenó la retención de fondos por un valor de cuarenta salarios básicos unificados y señaló que la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Por su parte, el abogado de Jacobo Bucaram, Cristian Romero, señaló que por el momento no se conoce a qué prisión será trasladado su cliente.
Horas atrás, se había dado a conocer que Bucaram sería llevado al Centro de Rehabilitación de Latacunga, a pesar de que Romero busca que sea ubicado en Guayaquil ya que cree que de otro modo, su vida correría peligro. Sin embargo, el abogado informó esta noche que las autoridades deberán confirmar a qué prisión será trasladado.
Jacobo Bucaram arribó al Ecuador la noche de este viernes 25 de septiembre, luego de ser expulsado de Colombia, en donde se encontraba de forma irregular, país que también le prohibió el ingreso por diez años.
Por esta causa el exmandatario Abdalá Bucaram recibió arresto domiciliario y vigilancia policial las 24 horas del día (por ser mayor de 65 años), mientras que los tres funcionarios de la AMT, Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R. cumplen prisión preventiva.
Los procesados en este caso habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil), entre estas, la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para Covid-19 e insumos médicos, en medio de la emergencia sanitaria.
Esta investigación inició en mayo de 2020, por la posible relación de los cinco procesados con dos extranjeros detenidos en Santa Elena, quienes presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de 200.000 dólares en efectivo. Posteriormente, uno de ellos fue asesinado en el interior de la Penitenciaría del Litoral.
Jacobo B. P. también es investigado por otros dos presuntos delitos: tráfico de bienes patrimoniales (junto a su padre, Abdalá B. O.) y asociación ilícita (junto a sus hermanos Abdalá B. P. y Michele B. P.).
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