El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador admitió este martes a trámite una solicitud de juicio político o moción de censura contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los disturbios que tuvieron lugar en octubre de 2019. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció al respecto.
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«En octubre de 2019, @mariapaularomo estuvo del lado de la democracia y la estabilidad. Hoy la Asamblea Nacional la llama a juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, hemos hecho lo correcto pensando en el país y en el futuro. María Paula tiene mi respaldo y gratitud», escribió el mandatario.
Romo pidió en una misiva dirigida al máximo organismo parlamentario que se admitiera la solicitud por los miembros del CAL, y señaló que comparecerá ante el Legislativo «para presentar sus alegatos y demostrar su inocencia frente a las acusaciones».
¿Por qué María Paula Romo es llamada a juicio político?
Los legisladores de la oposición pidieron la comparecencia de la ministra en un juicio político para que explicara su desempeño con relación a los disturbios de octubre de 2019.
Entre las causales figuran que, como titular de una Cartera bajo la que está a su cargo la Policía Nacional, debe explicar el empleo de bombas lacrimógenas caducadas contra manifestantes, así como su disparo contra centros «de paz y acogida humanitaria».
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En los mencionados disturbios, provocados por un decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina -luego derogado-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
La titular de Gobierno ya compareció en diciembre pasado ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar su defensa en dos procesos de juicio político en su contra, precisamente sobre supuesto incumplimiento de funciones como responsable de su Cartera, un tema que ha dicho, ha sido «tratado hasta la saciedad».
Juicios políticos a otras autoridades
El CAL también votó hoy a favor de la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, mientras que aplazó durante 15 días pronunciarse sobre otro pedido similar con respecto al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, debido a que «se encuentra en el proceso de renegociación de la deuda externa».
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