Un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, denunció una presunta agresión sexual ocurrida el 15 de septiembre de 2026 dentro de un bus escolar, cuando regresaban de una competencia deportiva. El caso activó investigaciones judiciales y administrativas en Perú.
La denuncia fue presentada por los padres del adolescente. Inicialmente, la Policía intervino a diez estudiantes de quinto de secundaria y la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación. Como parte de las diligencias, el adolescente fue entrevistado mediante Cámara Gesell.
¿Qué pasó con los estudiantes investigados?
De los diez adolescentes retenidos inicialmente, cuatro fueron puestos en libertad y seis continuaron vinculados al proceso judicial. El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó para estos últimos cuatro meses de internamiento preventivo y ordenó su traslado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.
La medida busca garantizar su presencia durante el proceso y no constituye una sentencia. Entre los elementos recabados por la Fiscalía constan declaraciones de los involucrados, policías y padres denunciantes, además del reconocimiento médico-legal de la víctima.
¿Qué medidas protegen al estudiante?
El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dispuso medidas de protección para el adolescente. Entre ellas están restricciones para impedir acciones contra él mediante espacios privados o redes sociales, terapias psicológicas obligatorias para los investigados y patrullaje policial periódico en los alrededores del domicilio de la víctima.
La Defensoría del Pueblo de Perú exigió una investigación exhaustiva, rápida y transparente para determinar responsabilidades en el caso. Además, desplegó un equipo de cuatro abogados y un psicólogo para brindar acompañamiento legal y emocional al adolescente y a su familia durante las diligencias. La institución también pidió que las autoridades garanticen medidas de protección efectivas y anunció que mantendrá la supervisión del proceso.
Autoridades revisan la actuación del colegio
Las actuaciones no se concentran únicamente en los adolescentes. La Marina de Guerra del Perú separó temporalmente de sus funciones a la directora del Liceo Naval, un docente y el entrenador de fútbol, mientras se esclarecen los hechos y las circunstancias en las que se realizó el traslado de los estudiantes.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana e Indecopi también iniciaron actuaciones relacionadas con el cumplimiento de protocolos y obligaciones del establecimiento. La Defensoría, por su parte, supervisa las medidas adoptadas por el colegio para atender el caso y prevenir nuevos hechos de violencia.
¿En qué está el caso ahora?
La Fiscalía informó que busca resolver la investigación dentro de los cuatro meses establecidos para el internamiento preventivo. Paralelamente, el Gobierno peruano oficializó una reorganización de la gestión educativa y de la gobernanza del Liceo Naval, bajo conducción del Ministerio de Educación hasta el 31 de diciembre de 2027.
El caso también llegó al Senado peruano. Una comisión creó un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas para fortalecer la prevención de la violencia escolar y revisar los mecanismos institucionales de protección de los estudiantes.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen medidas para proteger al adolescente y determinar las responsabilidades individuales e institucionales relacionadas con lo ocurrido durante el traslado de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise.
