El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias y tres cantones de Ecuador. La medida tendrá una vigencia de 60 días y contempla la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
La disposición fue suscrita este 15 de septiembre de 2026 y establece medidas extraordinarias para enfrentar las actividades criminales, violentas o delictivas en las zonas incluidas en el decreto.
¿Dónde regirá el estado de excepción?
La medida se aplicará en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
También incluye a tres cantones:
- Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
- Las Naves, en Bolívar.
- La Maná, en Cotopaxi.
El decreto dispone el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional en estos territorios para restablecer y mantener el orden público, fortalecer la protección interna y prevenir o neutralizar actividades criminales.
¿Quito tendrá toque de queda?
No. El decreto también establece una suspensión del derecho a la libertad de tránsito en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, sin embargo, Pichincha se mantiene con la media de estado de excepción.
El toque de queda estará vigente del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00.
La restricción tendrá excepciones. Podrán circular, entre otros, el personal de establecimientos y servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud y la Red Privada Complementaria.
También estarán exceptuados los integrantes de las fuerzas de seguridad, entidades complementarias de seguridad y servicios relacionados con gestión de riesgos, emergencias y desastres.
Las autoridades deberán realizar los controles de manera racional y proporcional, tomando en cuenta situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen el desplazamiento.
Allanamientos inmediatos durante el estado de excepción
Una de las medidas establecidas es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio. Esto permitirá que las fuerzas de seguridad ejecuten allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de que dentro de un inmueble se encuentran integrantes de grupos armados organizados o estructuras de delincuencia organizada.
También podrán intervenir cuando existan indicios de armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros objetos relacionados con posibles infracciones penales.
El decreto señala que los allanamientos también podrán realizarse cuando sean necesarios para prevenir o neutralizar amenazas en curso o inminentes, así como para asegurar indicios o evidencias que posteriormente puedan ser judicializados.
Estas actuaciones deberán cumplir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, además de las garantías del debido proceso y los derechos reconocidos en la Constitución.
También se suspende la inviolabilidad de correspondencia
Otra de las medidas contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia.
El objetivo será permitir la identificación, análisis y recopilación de información considerada pertinente e indispensable para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con los hechos que motivan el estado de excepción.
El decreto establece que esta medida deberá aplicarse de manera excepcional e individualizada y que cada intervención deberá contar con un informe motivado del órgano competente.
Además, se deberá priorizar, cuando sea posible, el uso de los mecanismos establecidos en el régimen ordinario.
Fuerzas Armadas y Policía coordinarán las operaciones
Durante la vigencia del estado de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán encargadas de ejecutar las acciones previstas en el decreto, en coordinación con las instituciones competentes.
El Gobierno también dispuso que las medidas garanticen la continuidad de la administración de justicia, los servicios públicos y el funcionamiento de los sectores estratégicos.
El decreto establece además que deberán mantenerse las actividades de monitoreo de la Defensoría del Pueblo, la labor periodística de los medios de comunicación y las actividades de funcionarios de organismos internacionales acreditados en Ecuador, siempre que estas no representen un riesgo para su seguridad ni interfieran con las operaciones de las fuerzas de seguridad.
¿Qué pasará con los bienes requisados?
La medida también contempla la posibilidad de realizar requisiciones temporales de bienes y servicios de origen lícito cuando sean estrictamente necesarios para garantizar las operaciones de las fuerzas de seguridad.
Estas requisiciones deberán aplicarse únicamente en las jurisdicciones incluidas en el estado de excepción, en casos de extrema necesidad y como último recurso.
El decreto señala que los bienes deberán ser devueltos una vez satisfecha la necesidad que motivó la requisición o cuando termine el estado de excepción. Cuando corresponda, se reconocerá una indemnización equivalente al justo valor de los bienes o servicios requisados.
La disposición entra en vigencia desde su suscripción, realizada el 15 de septiembre de 2026, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
