La prueba científica fue determinante. Un Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur de Quitumbe sentenció a 26 años de prisión a Gorky Adolfo P. N., tras encontrarlo culpable del femicidio de quien fue su pareja sentimental, una joven profesional que murió el 12 de diciembre de 2023.
La resolución fue emitida el 18 de junio de 2026, luego de que Fiscalía presentara 29 pruebas que permitieron demostrar que la víctima no se quitó la vida, como sostenía la defensa, sino que fue asesinada.
La autopsia descartó un suicidio
Durante el juicio, un médico legista concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulación, resultado que descartó científicamente la hipótesis de un suicidio.
Además, los exámenes toxicológicos determinaron que en el organismo de la víctima no existían rastros de alcohol, drogas ni propofol, un anestésico intravenoso que, según la versión de la defensa, habría sido utilizado por la joven para quitarse la vida.
Una escena manipulada
La investigación reveló que la escena fue alterada para intentar desviar las pesquisas.
Durante el levantamiento del cadáver se encontraron jeringas y un frasco con propofol. Sin embargo, los análisis científicos establecieron que la sustancia nunca estuvo presente en la sangre de la víctima.
Otro de los hallazgos clave fue una nota manuscrita con contenido favorable al ahora sentenciado.
Un perito en documentología concluyó que la escritura no pertenecía a la víctima, sino que presentaba coincidencias con los rasgos caligráficos de Gorky Adolfo P. N.
A ello se sumó el análisis de una perita grafóloga, quien identificó irregularidades, tachones y signos de tensión emocional en el documento.
Violencia económica y patrimonial
Las pericias psicológicas y sociales practicadas durante la investigación evidenciaron que la relación estaba marcada por una dinámica desigual y por episodios de violencia económica ejercida por el procesado.
Asimismo, un perito contable estableció que desde la cuenta bancaria de la víctima se realizaron transferencias cercanas a los 15.000 dólares hacia cuentas del ahora sentenciado.
Para Fiscalía, estos elementos permitieron demostrar un contexto de violencia patrimonial previo al crimen.
Reparación para la familia
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso el pago de una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados y una reparación integral de 20.000 dólares para los familiares de la víctima.
También ordenó que el Ministerio de Salud Pública brinde atención psicológica a los allegados de la joven y mantuvo medidas de protección para evitar cualquier tipo de acercamiento o intimidación por parte del sentenciado hacia la familia.
El caso fue juzgado bajo el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de femicidio.