La firma del Decreto Ejecutivo 424 por parte del presidente Daniel Noboa abrió una nueva etapa dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno para enfrentar al crimen organizado.
La normativa, emitida el 18 de junio de 2026, mantiene el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en el país y reemplaza decretos anteriores que ya habían declarado la persistencia de esta situación.
Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes tras la publicación del documento es: ¿cuánto tiempo durará el conflicto armado interno en Ecuador?
La respuesta es que, por ahora, no existe una fecha límite definida.
El Decreto 424 no establece un plazo de finalización
A diferencia de otras medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno, el nuevo decreto no fija una duración específica.
El documento señala que entrará en vigencia desde el momento de su suscripción, pero no determina una fecha de caducidad ni establece un mecanismo automático para su terminación.
Esto significa que el reconocimiento del conflicto armado interno permanecerá vigente mientras las condiciones que motivaron su declaratoria continúen existiendo.
¿Por qué no tiene una fecha de vencimiento?
La explicación se encuentra en la naturaleza jurídica de este tipo de conflictos.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, los conflictos armados de carácter no internacional no dependen de un calendario ni de un período previamente establecido.
Su existencia se basa en hechos concretos que ocurren en el territorio y en la capacidad operativa de los grupos armados que participan en las hostilidades.
Por ello, legalmente no terminan cuando transcurre determinado número de días, sino cuando desaparecen las condiciones que justifican su reconocimiento.
¿Cuándo terminaría el conflicto armado interno?
Desde el punto de vista jurídico, un conflicto armado interno concluye cuando cesan las hostilidades o cuando los grupos armados organizados dejan de representar una amenaza significativa para el Estado.
En Ecuador, el Gobierno sostiene que organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y otras actividades criminales continúan afectando gravemente la seguridad nacional.
Por esa razón, considera que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria siguen vigentes.
En la práctica, el conflicto armado interno podría mantenerse mientras las autoridades determinen que estas amenazas continúan presentes.
No debe confundirse con un estado de excepción
Una de las principales confusiones entre los ciudadanos surge porque el conflicto armado interno suele mencionarse junto con los estados de excepción.
Sin embargo, se trata de mecanismos completamente diferentes.
Estado de excepción
Tiene límites temporales definidos por la Constitución.
Generalmente puede durar hasta 60 días y ser prorrogado por un período adicional bajo determinadas circunstancias.
Conflicto armado interno
No tiene una duración previamente establecida.
Su permanencia depende de la evolución de la violencia y de las condiciones de seguridad existentes en el país.
Por ello, un estado de excepción puede terminar mientras el conflicto armado interno continúa vigente.
Ecuador también se encuentra bajo estado de excepción
La diferencia quedó evidenciada esta misma semana.
El pasado 16 de junio, Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres municipios del país.
La medida tendrá una duración de 60 días y se aplica en:
- Pichincha
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
- Azuay
Además de los municipios de:
- La Maná
- Las Naves
- La Troncal
El objetivo es permitir que las fuerzas de seguridad refuercen operaciones destinadas a combatir actividades criminales y proteger a la población.
Sin embargo, este plazo no tiene relación directa con la duración del conflicto armado interno reconocido posteriormente mediante el Decreto 424.
El nuevo decreto reemplaza las declaratorias anteriores
Otro aspecto importante es que el Decreto 424 actualiza el marco legal vigente sobre el conflicto armado interno.
La norma derogó expresamente tres decretos emitidos durante la actual administración:
- Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024.
- Decreto Ejecutivo 218 del 7 de abril de 2024.
- Decreto Ejecutivo 55 del 16 de julio de 2025.
Todos ellos reconocían la existencia o persistencia del conflicto armado interno en Ecuador.
Con esta decisión, el Gobierno consolida y extiende el marco jurídico que permite a las instituciones de seguridad actuar frente a las amenazas identificadas por el Ejecutivo.
¿Qué cambia mientras el conflicto siga vigente?
El Decreto 424 incorpora varios elementos nuevos dentro de la estrategia de seguridad.
Cooperación internacional
Ecuador podrá recibir apoyo de Estados cooperantes para fortalecer las acciones destinadas a neutralizar amenazas relacionadas con el conflicto armado interno.
Participación de personal extranjero
La normativa permite que personal de países aliados participe en determinadas acciones de seguridad bajo acuerdos de cooperación internacional.
Inmunidad para Estados cooperantes
El personal extranjero que intervenga en operaciones vinculadas al conflicto armado interno podrá gozar de inmunidad conforme a los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.
Indultos y amnistías
La norma también contempla la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutación de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones de defensa del Estado.
Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías en determinados casos.
Entonces, ¿hasta cuándo durará el conflicto armado interno?
Por ahora, no existe una fecha concreta.
El Decreto 424 no fija un límite temporal y la legislación aplicable establece que este tipo de conflictos termina únicamente cuando desaparecen las condiciones que justifican su existencia.
En consecuencia, la duración del conflicto armado interno dependerá de la evolución de la seguridad en Ecuador, de la capacidad del Estado para neutralizar las amenazas identificadas y de las futuras decisiones que adopte el Gobierno.
Mientras las autoridades consideren que persisten riesgos para la soberanía nacional, el orden público y la seguridad ciudadana, el conflicto armado interno continuará siendo parte del marco jurídico vigente en el país.