El Gobierno del presidente Daniel Noboa informó este miércoles 17 de junio que ha logrado reconstruir la ruta del dinero del caso Progen e identificar cómo fueron distribuidos los recursos.
El secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, detalló que estos avances han sido posibles gracias a la cooperación internacional gestionada por el presidente Daniel Noboa con el Gobierno de los Estados Unidos y a la aplicación de la Ley RICO.
Mediante un mensaje a la ciudadanía, Neira informó a la población sobre la exhaustiva investigación que se llevó adelante para identificar quiénes se beneficiaron de manera ilícita de los recursos del Estado:
“La investigación financiera no se limitó a revisar contratos; reconstruyó, transferencia por transferencia, el recorrido de los fondos”, aseguró.
Producto de ello, se encontró una red de empresas y personas que se lucraron de los recursos de todos los ecuatorianos, utilizando a PROGEN como medio. Es así que esta investigación arrojó un primer hallazgo contundente:
“Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de PROGEN. Cada pago realizado por CELEC a PROGEN fue distribuido a diferentes actores”, quienes, a través de sus empresas, han venido consolidando experiencia en la adjudicación de contratos estatales en sectores estratégicos desde 2016.
En línea con los resultados de la investigación, el secretario José Julio Neira informó que 29 personas jurídicas recibieron dinero directamente de PROGEN. Quien recibió la mayor parte de los fondos fue la subcontratista Astrobryxsa LLC / S.A. (tanto la registrada en Estados Unidos como la de Ecuador), con un aproximado de USD 15.2 millones que luego repartió a 9 beneficiarios: 4 personas jurídicas y 5 naturales.
- José Luis Hidalgo Fernández: Abogado que no solo ha facilitado el traspaso de bienes dentro de esta estructura, sino que también forma parte del estudio jurídico que patrocina a conocidos procesados por delincuencia organizada, como el prófugo Xavier Jordán. Hidalgo creó y compró 8 empresas que facilitaron la distribución del dinero para que llegara a manos de sus verdaderos beneficiarios. Además, registra la compra de bienes directos a través de sus empresas sin justificativo aparente; declaró ingresos por USD 100.000, “pero lo más indignante es que mantiene acreditaciones por más de USD 500.000 dólares en el Sistema Financiero Nacional”, mencionó Neira.
- Karla Saud Calero: Utilizó más de USD 162.000 de ese dinero para sus gastos personales, lo que la coloca como una de las beneficiarias finales del entramado. Esto lo logró debido a que es media hermana de Alex Dueñas Calero, quien ocupó cargos estratégicos como administrador de la Unidad de Negocio Guayas–Los Ríos de CNEL EP, fue asesor de la Gerencia General de CELEC EP y, mediante vínculos familiares, habría logrado la adjudicación de los contratos.
- José Walter Manrique Suárez: Entregó más de USD 2.3 millones a 10 beneficiarios (5 empresas jurídicas y 4 personas naturales), además de destinar fondos para sus consumos personales.
“Los movimientos transaccionales realizados por estos individuos fueron identificados ya que utilizaron los bancos Del Austro y Pichincha”, añadió el secretario.
Durante este importante anuncio, el Secretario de Estado fue categórico al aseverar: “No vamos a detenernos, vamos a identificar cada dólar robado por PROGEN”. Por consiguiente, indicó que ha dispuesto a la Secretaría General de Integridad Pública analizar las medidas, dentro del ámbito de sus competencias, para evitar que estos actos de corrupción queden en la impunidad, tanto nacional como internacionalmente.
Ante esto, la institución remitió un pedido oficial a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador para que esta nación analice la aplicación de una ley federal que sanciona a las empresas estadounidenses involucradas en el presunto pago de sobornos. Asimismo, dio a conocer que se puso en conocimiento de la UAFE la información disponible para su correspondiente análisis técnico.
Acciones de la UAFE e indicios de lavado de activos
Complementando estas acciones, según el comunicado oficial emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el archivo HLCIEdyWgAAhWuc.jpg, la institución confirmó que, producto de sus labores de inteligencia financiera, identificó inusualidades vinculadas a este caso. En cumplimiento de sus atribuciones, la UAFE remitió oportunamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) el respectivo Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII).
El análisis técnico de la UAFE permitió identificar elementos compatibles con distintas fases del delito de lavado de activos. Entre los hallazgos principales destacan:
- La posible colocación de recursos provenientes de contratos públicos adjudicados en el sector eléctrico por un monto superior a los USD 104 millones.
- Una red de transferencias nacionales e internacionales, triangulación de fondos y pagos a terceros sin justificación económica aparente.
- El uso de empresas relacionadas, así como la adquisición de bienes inmuebles y otras operaciones patrimoniales que evidenciarían intentos de incorporar recursos ilícitos al sistema económico formal.
En aplicación de sus facultades legales, la UAFE ha dispuesto la inmovilización de fondos de las personas naturales y jurídicas sobre las cuales existen indicios objetivos, graves y verificables de operaciones vinculadas con delitos financieros, con el objetivo de evitar la dispersión u ocultamiento de recursos relevantes para las investigaciones en curso.
El secretario Neira concluyó asegurando que: “Hemos demostrado que este caso de corrupción tiene nombres y apellidos; hoy se les cayó el relato”.