Una nueva resolución judicial relacionada con presuntos integrantes de Los Lobos volvió a generar controversia en Ecuador.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, cuestionó públicamente la decisión de un juez que otorgó medidas cautelares a cuatro de los once procesados dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada, pese a que la operación policial se desarrolló durante más de un año y derivó en la captura de varios sospechosos vinculados a la estructura criminal.
El caso ha reabierto el debate sobre el papel de la justicia en los procesos contra organizaciones consideradas de alta peligrosidad y sobre la efectividad de las acciones estatales para combatir el crimen organizado.
Una investigación que duró 15 meses
La polémica surge tras una investigación ejecutada por la Policía Nacional que se extendió durante 15 meses y que permitió identificar una presunta red vinculada al grupo delincuencial organizado Los Lobos.
Como resultado del operativo, once personas fueron detenidas y posteriormente procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, resolvió dictar prisión preventiva para siete procesados.
Sin embargo, cuatro personas recibieron medidas cautelares y enfrentarán el proceso penal sin permanecer privadas de libertad.
Alias “Guareña” entre los beneficiados
Uno de los procesados favorecidos por la resolución fue Juan Carlos Mancilla Montes, conocido como alias “Guareña”, señalado dentro de la investigación como uno de los presuntos integrantes relevantes de la estructura criminal.
Según la información difundida por el Ministerio del Interior, durante la audiencia su defensa presentó certificados médicos relacionados con supuestos problemas de salud, entre ellos tuberculosis y VIH.
No obstante, el expediente también incluiría documentación médica que indicaría que el procesado se encuentra en buen estado de salud, situación que habría generado cuestionamientos respecto a los argumentos utilizados para solicitar medidas distintas a la prisión preventiva.
Una presunta testaferra y otras procesadas también recibieron medidas cautelares
La decisión judicial también benefició a Marcia Nelly Pomatoca Cuenca, identificada dentro de la investigación como presunta testaferra de la organización.
Los informes investigativos la vincularían con el movimiento de aproximadamente dos millones de dólares mediante depósitos y transferencias bancarias.
Asimismo, María Valeria Torres Ávila recibió medidas cautelares pese a que, según los informes del caso, habría mantenido funciones de coordinación dentro de la estructura investigada junto a otro procesado que sí recibió prisión preventiva.
Por otra parte, Neydily Julitza Briones Rivas también fue beneficiada con medidas cautelares debido a su estado de gestación.
La reacción inmediata de Jhon Reimberg
Tras conocerse la resolución, el ministro del Interior expresó públicamente su desacuerdo.
A través de un pronunciamiento, Reimberg cuestionó el impacto que este tipo de decisiones pueden tener en las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional.
“Otra vez la justicia haciendo de las suyas”, manifestó el funcionario al referirse al resultado de la audiencia.
Posteriormente lanzó una crítica más amplia sobre las consecuencias que, a su criterio, generan estas resoluciones en la lucha contra el crimen organizado.
“La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuándo el Ecuador seguirá viendo cómo complejas investigaciones contra el crimen organizado terminan debilitadas por decisiones judiciales que generan indignación y desconfianza ciudadana?”, señaló.
“No puede haber una Policía que arriesga su vida”
El ministro también defendió el trabajo de los agentes que participaron en la investigación y en las capturas realizadas durante el operativo.
“No puede haber una Policía que arriesga su vida para capturar delincuentes y una justicia que, una vez más, envía señales equivocadas al país”, afirmó.
Las declaraciones se suman a otros cuestionamientos realizados por Reimberg durante los últimos meses respecto a resoluciones judiciales relacionadas con presuntos integrantes de organizaciones criminales.
Un debate que vuelve a dividir opiniones
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Ecuador: el equilibrio entre las garantías constitucionales de los procesados y la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.
Mientras sectores del Gobierno defienden una postura más estricta contra las estructuras criminales, juristas recuerdan que las medidas cautelares deben evaluarse de manera individual y conforme a los elementos presentados en cada proceso.
Por ahora, la causa continuará avanzando en la etapa de investigación, mientras las decisiones judiciales siguen siendo observadas de cerca tanto por las autoridades como por la opinión pública.