El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, enfrenta un proceso judicial por presunto lavado de activos luego de que la Fiscalía General del Estado formulara cargos en su contra y contra otras siete personas investigadas dentro del denominado operativo Blindaje.
La diligencia se instaló la noche del miércoles 3 de junio en el Complejo Judicial Norte de Quito, pocas horas después de que las autoridades ejecutaran varios allanamientos y detenciones simultáneas en distintas provincias del país.
La audiencia se prolongó hasta la mañana de este jueves 4 de junio. Sin embargo, la jueza de la causa suspendió temporalmente la diligencia y anunció que la reinstalará a las 15:00 para emitir su resolución sobre las medidas cautelares personales y reales solicitadas por la Fiscalía.
Operativo simultáneo en cuatro provincias
La detención de Villacís se produjo como parte de una operación desarrollada en varias ciudades del país.
Las autoridades informaron que ocho personas fueron aprehendidas durante el operativo, entre ellas funcionarios vinculados al sistema judicial y un juez de la provincia de Sucumbíos.
La investigación busca determinar la existencia de una presunta estructura dedicada al lavado de activos mediante operaciones financieras que habrían permitido ocultar el origen de recursos económicos investigados por las autoridades.
La investigación comenzó tras una alerta de la UAFE
Según explicó el ministro del Interior, John Reimberg, el caso comenzó hace aproximadamente un año luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectara movimientos financieros considerados inusuales.
A partir de esa alerta se iniciaron labores de inteligencia financiera que permitieron identificar una presunta red que habría movilizado entre USD 15 millones y USD 17 millones.
De acuerdo con la versión oficial, el dinero habría sido transferido mediante distintas operaciones financieras y a través de terceros con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos.
Empresa vinculada al alcalde aparece en la investigación
Dentro del expediente también figura la empresa Reypezpacific S.A., en la que Vicko Villacís consta como principal accionista.
Las autoridades sostienen que esta compañía tendría relaciones comerciales y financieras con personas y empresas que actualmente son objeto de investigación por presunto lavado de activos.
Sin embargo, la Fiscalía deberá sustentar durante el proceso los elementos de convicción que vinculan a los procesados con la supuesta estructura investigada.
La jueza resolverá las medidas cautelares
La audiencia de formulación de cargos todavía no concluye.
Durante la reinstalación prevista para la tarde de este jueves, la jueza deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para los ocho procesados.
Entre las medidas que podrían analizarse constan la prisión preventiva, prohibición de salida del país, presentación periódica u otras restricciones previstas en la legislación ecuatoriana.
Asimismo, la autoridad judicial deberá resolver posibles medidas reales relacionadas con bienes, cuentas o activos que formen parte de la investigación.