El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, avanzó a una nueva etapa luego de que la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Municipio confirmara el inicio del período para la presentación de pruebas de cargo y descargo.
La decisión se produce después de que el Burgomaestre presentara formalmente el documento mediante el cual designó a sus representantes legales dentro del proceso administrativo.
Según informó el Municipio de Guayaquil, los abogados Ramiro García y David Norero fueron incorporados oficialmente como parte de la defensa del alcalde, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Con esta actuación, la Comisión señaló que se garantiza el derecho a la defensa y el respeto al debido proceso dentro del trámite de remoción.
A partir de esta resolución se abrió un plazo de diez días hábiles para que tanto el denunciante como la defensa del alcalde presenten pruebas, argumentos y documentación relacionada con el caso.
Una vez concluida la etapa probatoria, la Comisión contará con cinco días adicionales para elaborar el informe correspondiente.
Posteriormente, el Concejo Municipal deberá convocar a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de dos días para conocer el informe y resolver sobre el proceso.
La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones indicó que actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 333 del COOTAD.
Además, recordó que previamente fueron presentadas tres denuncias relacionadas con el pedido de remoción, aunque solo una fue admitida a trámite.
Las otras dos denuncias fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos formales y legitimación activa, según criterios sustentados en jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral.
El proceso de remoción contra Aquiles Alvarez se desarrolla en medio de atención política y jurídica dentro de Guayaquil, debido a que cualquier decisión deberá ser resuelta finalmente por el Concejo Cantonal.
Hasta el momento, el Municipio sostiene que el procedimiento se mantiene dentro del marco legal y con respeto a las garantías procesales establecidas en la normativa ecuatoriana.